Marco jurídico para fuerzas armadas; a ver si ahora sí

Indicador Político

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de noviembre de 2016.- Luego de varias declaraciones severas del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, respecto a la situación de incertidumbre jurídica en que se encuentra la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior que tienen que ver con la seguridad pública, al parecer -sólo al parecer- el sector legislativo podría estar dispuesto a atender esa demanda.

A diez años de inicio del uso de las fuerzas armadas en la lucha contra los cárteles del crimen organizado, la lista de pendientes en ese rubro es amplia en materia de leyes sobre temas concretos: seguridad interior, seguridad nacional reformada, seguridad pública reformada, inteligencia nacional.

En el sexenio pasado hubo una iniciativa de reforma de la ley de seguridad nacional pero fue frenada por los partidos en el congreso. Aún con la falta de un marco jurídico, las fuerzas armadas no han regateado su participación a pesar de que su intervención en algunos asuntos fue motivo de acusaciones por violaciones a derechos y altos costos por ineficacia civil.

En los últimos meses en círculos de la política comenzó a preocupar el hecho de que las fuerzas armadas estaban insatisfechas con las leyes actuales porque algunas de sus actuaciones fueron susceptibles de acusaciones. Sin embargo, por el grado de acumulación de fuerza, violencia y armamento de los grupos criminales, las fuerzas armadas se convirtieron en la última línea de defensa de la soberanía interior ante el aumento del activismo de los delincuentes.

La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública está acreditada en la seguridad interior. El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 define con claridad ese concepto: es la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Se trata de una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población”.

Ante el fortalecimiento del crimen organizado por fallas graves en las policías y autoridades de justicia, sólo quedan las fuerzas armadas. El Programa señala la razón principal: “nuestras Fuerzas Armadas poseen características que hacen necesaria e indispensable su participación en las operaciones para reducir la violencia y garantizar la paz social” y “su entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta y de fuego, representan un cimiento sobre el que debe apoyarse el Estado mexicano frente a grupos delictivos organizados que cuentan con gran poder económico, armamento y una presencia territorial en localidades y regiones específicas del país”.

Ante el avance del crimen organizado, parece que ahora sí los legisladores trabajaran en el marco jurídico para las fuerzas armadas. Pero hasta ahora solo parece.

The White House 2016: A una semana de las elecciones, las expectativas dieron una voltereta: el caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton la pusieron en empate técnico con Trump… Las principales críticas contra Hillary salen del The Washington Post. El New York Post caracterizó a la Fundación Clinton como la Cosa Clinton por su organización mafiosa… Una encuesta reveló que el 45% de los estadunidenses cree que el escándalo de los correos de Hillary es “peor” que el Watergate que llevó a la renuncia de Nixon.

Política para dummies: La política debe ser la principal estrategia de seguridad del Estado.

Sólo para sus ojos:

De ahora la crisis en el PAN, ahora con revelaciones contra Ricardo Anaya. El problema radica en que Anaya se ha mostrado como un pequeño dictador que cree tener la propiedad del partido. El trasfondo es obvio: la candidatura presidencial del 2018 para Anaya o para Margarita Zavala.

El tiempo pasa, vienen fiestas de fin de año y el congreso constituyente para redactar la Constitución de la Ciudad de México no avanza. En la oficina de Miguel Angel Mancera hay enojo por la incapacidad de Porfirio Muñoz Ledo para conducir el proceso. Si no hay acuerdos, se aprobará cualquier documento y se irá parchando poco a poco.

Crece la polémica para evitar que Raúl Cervantes Andrade, nuevo procurador de la república y primo del consejero jurídico de Los Pinos, sea el fiscal de la nación que vigile la revisión del sexenio del presidente Peña. El asunto podría llegar a la Suprema Corte como llegaron los nombramientos similares de los gobernadores salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.

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