Medioambiente, una cuestión de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2016.- El Tribunal Penal Internacional ha anunciado su nueva competencia para juzgar casos de acaparamiento de tierras y la destrucción del medioambiente. Este tipo de delitos se suman a los de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad que ya dirimía.

La decisión coincide con el asedio al que se ha sometido a defensores del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. Decenas de estos activistas han sido asesinados en los últimos años por enfrentarse a los gobiernos, al poder de grandes multinacionales que controlan la extracción de materias primas y a mafias se dedican a la tala ilegal de los pulmones de nuestro planeta, los bosques tropicales.

Aunque no tarde en expresarse cierto escepticismo de expertos juristas, esta decisión supone un reconocimiento explícito, por parte del sistema jurídico internacional, de la relación que tiene la Madre Tierra con el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Para pueblos indígenas expuestos ante el poder de grandes empresas supone un nuevo reconocimiento de su derecho como grupos humanos a preservar el vínculo con un entorno natural protegido de agresiones.

Las principales críticas a las nuevas competencias del tribunal podrían centrarse en que, desde que entrara en vigor tras la firma del Estatuto de Roma, se han juzgado en exclusiva a genocidas de países africanos y del “Tercer Mundo”. La debilidad de este tribunal, como ocurre en muchos instrumentos del derecho internacional, radica en que los Estados más poderosos no lo han firmado o ratificado.

Por otro lado, el tribunal juzgará a personas concretas que cometan esos delitos. Es decir, personas implicadas de forma directa en la destrucción de bosques, en la extracción de materias primas que ponga en peligro las aguas y las tierras. Incluso se podrá juzgar a miembros del gobierno y de las fuerzas del “orden” implicadas en el desalojo violento de personas. Pero tendrá poca efectividad para actuar contra los poderes más grandes que muchas veces están detrás de esas violaciones de derechos humanos: gobiernos corruptos y represivos, grupos paramilitares y delincuentes pagados por esos gobiernos, empresas mineras y de extracción basadas en países del llamado Primer Mundo.

Pero también se han dado pasos en ese sentido. En 2014, se aprobó la composición de un Grupo de Trabajo para crear un tratado que obligue a las empresas multinacionales en materia de derechos humanos. Naciones Unidas daba así un paso histórico en el ámbito del derecho internacional, aunque tampoco queda claro en este caso cómo se sortearán los obstáculos legales para dar efectividad a la responsabilidad de las empresas, a los Estados de donde provienen y a aquellos donde operan.

Desde Nueva York, la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) pone en contacto a organizaciones de 70 países distintos, con 270 miembros. La red se organiza por medio de grupos de trabajo, entre ellos el de movimientos sociales o el litigio-estratégico, que reúne todas las sentencias que favorecen los derechos humanos. Una base de datos las reúne todas para que cualquier organización tenga acceso a ellas, las utilice y se busque así crear jurisprudencia en el plano internacional.

El grupo de empresas y derechos humanos ejerce presión política para conseguir cambios en el plano político y sobre todo el legislativo en materia de derechos humanos. Este grupo fue el que trabajó en la resolución para el grupo de trabajo de multinacionales y derechos humanos.

Si una de las organizaciones miembro en Filipinas informa de la extorsión a comunidades locales y del asedio a defensores de derechos humanos o a sindicalistas que trabajan en una fábrica de coches, la red pone a su disposición estrategias de miembros que hayan pasado por una situación similar. De la misma manera, la Red-Desc difunde su estrategia porque a lo mejor en Nigeria, en Sudáfrica, en Perú o en otros países ocurre lo mismo.

Estas herramientas se suman a las nuevas competencias del Tribunal Penal Internacional con el fin de defender los derechos fundamentales de comunidades desprotegidas ante los abusos de algunos gobiernos y del creciente poder de grandes multinacionales. Bienvenido este reconocimiento internacional, sobre el que se puede trabajar para seguir mejorando.