
Intercambio en formación de militares de Estados Unidos y México
Descomplicado
En casi veinte años, Michoacán ha sido el laboratorio de pacificación del estado mexicano, con estrategias orquestadas desde la Presidencia de la República Mexicana, con tres banderas políticas diferentes y el mismo resultado: han fracasado.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, es un mensaje claro de quién manda en ese territorio.
La brutalidad del ataque, en un evento multitudinario, con presencia de menores de edad, deja clara la indiferencia del gobierno federal, de un atentado que se pudo haber evitado, con llamados de auxilio del alcalde independiente, a quien dejaron sólo.
En 2006, el presidente Felipe Calderon, emprendió el operativo conjunto Michoacán, en su tierra natal, lo que fue llamada su guerra contra el narco, definida por expertos en seguridad como una guerra fallida porque no se desarticuló ningún cartel, al contrario vio nacer al CJNG, aunque sí se debilitó a los Caballeros Templarios y a la Familia Michoacana, además que nacieron los grupos de autodefensa.
Según el experto en seguridad David Saucedo, casi dos décadas después, hay referencia de que, tan sólo en Uruapan, operan cinco grupos delictivos: CJNG, Caballeros Templarios, Viagras, Cárteles Unidos y Blancos de Troya.
En 2014 el presidente Enrique Peña Nieto le dió fuerza al Plan Michoacán: Juntos lo vamos a lograr, asignó a Alfredo Castillo al frente de la recién creada Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, pero tampoco prosperó porque, hay referencias, de que Castillo abusó del poder conferido por el presidente, al grado de ser conocido como El Virrey.
En su estrategia, Peña Nieto quiso dar prioridad a la prevención, bajo la premisa de que la violencia no se combate con violencia.
Llegó en 2018 la política de abrazos, no balazos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin advertir mejoría alguna, al contrario, crecieron extorsiones a productores agrícolas, desapariciones y homicidios dolosos en Michoacán.
En datos de la Asociación Nacional de Alcaldes de México, en el sexenio de López Obrador asesinaron a 87 alcaldesas o alcaldes y en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, han sido asesinadas y asesinados 10 alcaldes, tres de Michoacán: Yolanda Sánchez, de Cotija, secuestrada y liberada en 2023 y asesinada en junio del 2025; Salvador Bastida García de Tacámbaro, asesinado el 5 de junio del 2025 y Carlos Manzo Rodríguez, quien perdió la vida el 1 de noviembre, producto de ataque con arma de fuego.
A consecuencia del homicidio de Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un Plan por la Paz y la Justicia para Michoacán, con tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico, educación y cultura para la paz.
Incluye envío de fuerzas federales, la creación de una fiscalía que atienda delitos de alto impacto y un sistema de alerta para alcaldes.
Si ponemos atención a las palabras de Sheinbaum durante el anuncio: la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra, da la impresión de que la presidenta pretende implementar un plan híbrido entre abrazos no balazos y el uso descafeinado de la fuerza del estado para poner orden en esa entidad.
De ser así, una vez más la federación habrá usado a Michoacán como laboratorio, quedando en deuda con la gente de ese próspero estado y con la memoria de Carlos Manzo.