Miscelánea, salud y política | Judith Álamo López

Justicia colapsada

La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad: Simón Bolívar

Entre más conocemos cómo desaparecieron los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el asunto estruja el corazón e indigna al entendimiento: ¿por qué si eran monitoreados en tiempo real por las autoridades militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de inteligencia del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), se decidió dejarlos como rehenes de un grupo delictivo? ¿Hasta dónde la complicidad con grupos de delincuencia organizada ató de manos a los mandos militares y a los altos funcionarios de los gobiernos federal y estatal de Guerrero?

Del gobierno municipal de Iguala no hay dudas de su participación: desde el 2014 se comprobó que el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían nexos con el cartel Guerreros Unidos, recordemos que fueron policías municipales quienes entregaron a los estudiantes a sus captores.

Los resultados de la tercera etapa de investigación de los sucesos de Ayotzinapa a casi 8 años de distancia, registró un avance fundamental para conocer el paradero de los chicos desaparecidos. La información y videos presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), el lunes 28, reveló nuevos indicios y mostró una grabación de cómo se fabricó la verdad histórica, bajo la coordinación presencial del procurador Jesús Murillo Karam.

En conferencia de prensa, a los integrantes del GIEI se les permitió exhibir el video inculpatorio de elementos de Marina en el tiradero de Cocula, donde se ve cómo depositan bolsas blancas, al parecer sembrando evidencias en el lugar elegido para ser el escenario de la desaparición y quema de restos de los normalistas.

Además, si aparecen en las imágenes, elementos de la Secretaría de Marina y el procurador del expresidente Enrique Peña Nieto, la lógica diría que las autoridades judiciales de la 4T deberían estar enviando citatorios para hacer comparecer y fincar responsabilidades a todos los funcionarios involucrados en este caso, comenzando por el exmandatario.

Pero no, la legalidad y la política no van de la mano con los intereses y afanes protagónicos del jefe del Ejecutivo, quien de inmediato eximió a los ahora «suyos» de cualquier responsabilidad.

Esta mañana afirmó que el actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, no tiene ningún involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ojeda Durán fue el comandante a cargo de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, durante ese periodo, pero según López Obrador, son sus adversarios los que quieren hacerlo “quedar mal”, y dio un dato esencial: «las órdenes se dieron desde las oficinas centrales».

A estas alturas todos conocemos el estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que parece que la voluntad de develar parte del horror de Ayotzinapa, podría estar relacionado con el interés de desviar del foco de la atención pública a la muy cuestionada figura del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Ha sido escandalosa la exhibición del uso de influencias por parte del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para mantener presa a su sobrina política, Alejandra Cuevas, fabricándole un delito sin puebas con la complicidad de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Luego de más de 500 días presa, los ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron en forma unánime por liberarla. Sin embargo, el presidente reiteró que su fiscal seguirá en el cargo, pues inexplicablemente le mantiene su confianza.

No se trata de menospreciar los avances logrados en el caso de Ayotzinapa, aunque estos sean insuficientes. El mérito debe adjudicarse a varios actores: al movimiento que libran los familiares y afectados por esta desaparición, quienes no han dejado de exigir que el presidente cumpla con el compromiso de abrir los archivos militares para conocer dónde están los jóvenes. A los integrates del GIEI que han mantenido su labor profesional y sistemática de investigar los hechos, pese a todas las resistencias. A los medios comprometidos con luchas sociales y a organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras.

El presidente tiene razón, en parte, cuando dice que si otros fueran los gobernantes no se hubiera avanzado. La verdad es que sólo ha cumplido parcialmente con su compromiso de campaña, ya que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas bien podría haberse tardado menos años en dar el manotazo que hizo que el GIAI pudiera tener acceso a parte de la información clasificada y los videos sobre el caso. Ojalá pronto de otros manotazos. Lo execrable es que hoy existe constancia de que los normalistas pudieron recibir ayuda para ser rescatados, puesto que eran monitoreados –antes, durante su secuestro y después—por corporaciones de inteligencia militar y de seguridad nacional por motivos de contrainsurgencia e investigaciones del crimen organizado.

El hoy diputado federal Manuel Vázquez Arellano (Omar García), sobreviviente de Ayotzinapa, siempre ha dicho que es difícil hallar con vida a los 43, ya que él y quienes recibieron una llamada de auxilio de sus compañeros secuestrados, al tratar de ayudarlos fueron perseguidos y baleados por policías municipales, y luego los militares de la zona los retuvieron, fotografiaron e intimidaron con un » «cállense, ustedes se lo buscaron, se sienten muy hombrecitos, no». Seis jóvenes más murieron en estas acciones.

Confirmamos hoy que la «verdad histórica» nunca se sostuvo porque fue una falsedad oficial.

Los padres de los desaparecidos obtienen una victoria pírrica, que les provoca rabia y más dolor, a pesar de ello no piensan soltar el hilo. Desentrañar la verdad en este caso emblemático, muestra la pobredumbre de un sistema de justicia colapsado, con casi 100 mil casos de desaparecidos pendientes de resolver.

Como orgullosa hermana de un maestro egresado de la Normal Rural de Xocoyucan, Tlaxcala, quien dedicó parte de su vida a la lucha social y 30 años a la formación de educandos, me pregunto: ¿Cuánto vale la vida de cada uno de estos jóvenes que quisieron huir del destino de ser peones o dedicarse al cultivo o trasiego de droga, optaron por nutrir su inteligencia y soñaron en convertirse en maestros normalistas, dedicados a sembrar la semilla del conocimiento en otros niños.

Las Escuelas Normales Rurales, luego del caso de Ayotzinapa fueron satanizadas, se dijo que a su historia de semillero de guerrilleros –Lucio Cabañas y Genaro Vázquez egresaron de ese plantel–, se sumaba que se han convertido en mano de obra para el narcotráfico. Si esto es medianamente verdadero, habría que analizar cómo y por qué se ha descompuesto tanto el país, a la par de la calidad educativa y la formación de docentes en los núcleos suburbanos y rurales del país.

Me consta que mi hermano, el profesor Lorenzo Álamo López (QEPD), como todos los maestros de su generación –del 68–, fue un mentor inolvidable, humanista, inspirador y patriota.