Llora, el país amado…
16 de abril de 2018.- Al incluir a como diera lugar en la boleta electoral al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, los cuatro magistrados que decidieron la votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (José Luis Vargas, Mónica Soto, Felipe Fuentes e Indalfer Infante) le infligieron a la credibilidad de las instituciones electorales del país, y consecuentemente a la elección presidencial, un daño incalculable sin precedente.
El argumento que sostiene la endeble determinación del Trife es que el Instituto Nacional Electoral no respetó la garantía de audiencia de Rodríguez Calderón en el proceso de revisión de las firmas que el organismo rechazó por ser apócrifas. Pero ese argumento es falso.
En el mismo comunicado en el que el Trife dio a conocer su decisión el martes pasado, señala que Rodríguez Calderón acudió doce veces a revisar las firmas. Y ese mismo martes 10 de abril, horas después de que el Trife decidiera el caso de “El Bronco”, durante la sesión del INE el consejero Ciro Murayama refutó las conclusiones del Trife y explicó cómo en esas doce ocasiones los representantes del candidato independiente revisaron las firmas en el instituto entre diciembre de 2017 y marzo de este año. No existió, pues, la omisión en la que los cuatro magistrados fincaron su resolución.
El INE rechazó el registro de Rodríguez Calderón porque después de revisar las firmas de apoyo ciudadano, encontró que del total de 2 millones 34 mil 403 que entregó, solo 849 mil 937 (98.08 por ciento de las requeridas) eran válidas y legítimas, 16 mil 656 (1.92 por ciento) menos de las establecidas por la ley.
Como fue informado, las firmas invalidadas eran falsas, procedían de simulaciones o pertenecían a electores fallecidos. Es decir, “El Bronco” falsificó un elevado número de los apoyos que entregó al INE, lo cual no tuvo ningún peso en el criterio de los cuatro magistrados del Trife que decidieron otorgarle el registro ya sin más trámite, mediante el razonamiento de que probablemente una revisión más exhaustiva le habría hecho recuperar al candidato ese 1.92 por ciento de firmas que le faltaban. Bueno, la historia detrás de esa obsequiosa e ilegal actitud de los cuatro magistrados del Trife que hace siete días llevaron en andas a Rodríguez Calderón hasta la boleta electoral fue relatada con suficiente detalle el sábado pasado por el columnista Salvador García Soto en el diario El Universal.
Todo lo que los ciudadanos nos preguntábamos acerca de los motivos por los cuales esos cuatro magistrados del Trife votaron por la inclusión de “El Bronco” en la boleta electoral, es explicado por García Soto en el texto “La operación Bronco y los brazos de Los Pinos”. Alarma en extremo el cinismo y la audacia de los hechos relatados por el columnista.
Dice García Soto que hubo “llamadas telefónicas a los magistrados, presiones, reuniones en Bucareli y la Corte. Todo bajo un diseño y un plan decidido desde la oficina del presidente Peña Nieto…” El autor identifica a los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe Fuentes como los “votos duros” del PRI en el Tribunal, todos propuestos en octubre de 2016 por el PRI en el Senado con el patrocinio del entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos.
Pero como se requerían cuatro votos para asegurar la votación a favor de “El Bronco”, los operadores de Los Pinos convencieron al magistrado Indalfer Infante, quien había sido propuesto para el cargo por el PRD. El magistrado Infante “fue llamado a Gobernación para platicar con el titular de esa secretaría y recibió también mensajes y llamadas telefónicas desde la Presidencia de la Corte y desde la oficina del ministro Jorge Pardo rebolledo”, afirma el columnista.
Finalmente, asegura, Castillejos convenció a Felipe Fuentes y a José Luis Vargas, mientras que con Mónica Soto habló el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. A Infante lo habrían convencido Castillejos y Constancio Carrasco Daza, ex presidente del Trife.
Ese es el cuadro de la operación que permitió colocar nuevamente el nombre del gobernador con licencia de Nuevo León en la boleta electoral para la Presidencia.
Consumado de esa forma el plan destinado a fragmentar el voto, concebido para restarle sufragios a Andrés Manuel López Obrador y empujar a José Antonio Meade, resulta inquietante pensar que la calificación de la elección presidencial está en manos de esos cuatro magistrados, que como ya se vio obedecen a los intereses del presidente Enrique Peña Nieto y del PRI.
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