Organización impulsada por Gabino Cué desquicia Oaxaca

OAXACA, Oax. 25 de enero de 2017.- El caos no fue la excepción este miércoles en Oaxaca: autobuses secuestrados, carreteras bloqueadas, cobros ilegales en casetas de peaje y hombre armados con palos tomando dependencias como Ciudad Judicial y Administrativa, en la ciudad de Oaxaca.

La API –que nada tiene qué ver con el instituto del petróleo- es un membrete surgido en el gobierno de Gabino Cué, una agrupación radical que ha hecho vinculación con otras organizaciones para mostrar una supuesta fuerza en sus movilizaciones.

Se hacen llamar Asamblea de Pueblos Indígenas, aunque a estos solo los usan para sus fines. Y cambian de membrete según la fecha de la protesta, este miércoles se autodenominaron grupo 23 de octubre -usando la fecha de la muerte del fundador del MULT, Heriberto Pazos Ortiz-.

Marco Antonio Gómez Torres es quien coordina las acciones vandálicas de esta agrupación, que ha recibido recursos para proyectos productivos, concesiones y otras prebendas más.

En la búsqueda de poder, Gómez Torres participó con Unidad Popular como candidato a diputado por Tuxtepec, de donde son originarios y en dónde fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) por posesión ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, superó el incidente por intervención de su hermano, Julio César Gómez Torres, quien era personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) en el sexenio de Gabino y quien hizo las gestiones para acercar al ex mandatario con esta agrupación.

La API lo mismo bloquea carreteras que cierra negocios o asalta autobuses que ocupa para sus movilizaciones pretextando cualquier situación que sea bandera.

Julio César Gómez Torres fue acusado por elementos de Seguridad Pública de cobrarles por la asignación de comisiones y también promover los arrestos como otra forma de obtener recursos que nunca iban a la administración, sino eran manejados a su arbitrio.

Compañero de Alberto Esteva, gozó de impunidad en la confianza de su ex jefe, Gabino Cué.

Este miércoles esta agrupación causó un caos en la entidad.

Bloqueó cuatro tramos carreteros en el Istmo, tres en la región de la Cuenca, incluida la instalación estratégica de la hidroeléctrica de Temascal.

Tomó la caseta de paeje en Huitzo donde hizo cobros de 50 y 100 pesos para permitir el tránsito de vehículos, cerró Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, además de secuestrar seis autobuses de la línea AU y afectar durante más de media hora el tránsito hacia el aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca.

A pesar de estos ilícitos, están buscando ahora el cobijo de la Secretaría General de Gobierno, con quien pidieron audiencia, instancia que no hizo nada para evitar la afectación a terceros durante las protestas de este miércoles.

Esta agrupación ya tuvo un primer encuentro con el gobernador de Oaxaca, además que durante la administración de Cué recibió un presupuesto que supera los 400 millones de pesos según cifras difundidas en comunicados oficiales.

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