Particulares usurpan funciones en Santiago Matatlán

OAXACA, Oax. 9 de marzo de 2017.- Pobladores de Santiago Matatlán señalaron a la Secretaría General de Gobierno de solapar a un grupo de particulares que han usurpado el poder en este municipio, de vocación mezcalera, y encubrir el uso indebido de más de diez millones de pesos.

En un documento público, en el que advierten de las irregularidades, expusieron que de manera ilegal, Felipe Cernas Cortés ha incurrido en abuso de autoridad, saqueo, corrupción, robo, cobros ilegales y demás al ostentar un poder que no está reconocido.

Refirieron que el 12 de enero, la autoridad electoral determinó que la elección era nula debido a las múltiples irregularidades que se consideraron como válidas.

No obstante, los ciudadanos Felipe Cernas Cortés, Rey David Nolasco Hernández, Benigno Hernández Escobar y Gualterio Gutiérrez, mantienen en posesión el palacio municipal de Matatlán y han firmado documentos como concejales.

Pedro Martínez, uno de los ciudadanos inconformes, explicó diversas irregularidades que están relacionadas con el uso indebido de recursos públicos y otras complicidades.

Por ejemplo, expuso que Nancy Isabel Cernas Gutiérrez es presidenta del comité electoral y es pariente de quien se dice presidente municipal; además que la gente supone que ha recibido recursos de quienes usurpan el poder, por lo que no ha dicho nada al respecto.

También, la secretaria municipal, Ofelia Hernández Bautista, sigue expidiendo constancias y documentos oficiales aún cuando esta documentación no tiene validez por estar invalidada la elección.

En cuanto al recurso público, explicó que hay documentos que avalan que se recibió el dinero, parte de los cuales iba a ser para las agencias municipales, mismas que hasta ahora no han recibido nada.

En total son más de 10 millones y medio de pesos del que nadie sabe dónde están y por ello pidieron que se inicie una investigación, además de que se responsabilice a quienes están usurpando el poder por desacato a la autoridad.

“Lo que cometen es un delito y este se paga con cárcel, todo lo que cobran por las constancias y documentos que entreguen es un fraude, son ilegales y carecen de validez”, expuso el denunciante.

Pidió a la secretaría general de Gobierno actuar con legalidad y no respaldar a las personas que usurpan la autoridad, ya que esto causa malestar entre los pobladores y podrían causar una confrontación violenta.