Peña Nieto se hubiera robado hasta la Basílica: Coello Trejo

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero de 2020.- Es probable que Enrique Peña Nieto se convierta en el primer expresidente de México en ser juzgado. Lo cual sería un gran logró del mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien aunque dijo que su sexenio no sería una “caza de brujas”, estaría demostrando con hechos que tiene la voluntad política suficiente para acabar con la corrupción que tanto ha lacerado al país.

El sexenio de Peña Nieto es por mucho el más corrupto, descarada fue su forma de saquear al país, se sirvieron con la cuchara grande y seguramente se quedaron con las ganas de llevarse más.

Para ejemplificar lo anterior, Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin dijo hace algunos meses en una entrevista radiofónica que sí lo hubiera dejado, Peña Nieto se hubiera robado hasta la Basílica de Guadalupe.

Ayer circuló la versión de que autoridades mexicanas investigan por corrupción a Enrique Peña Nieto, según reveló un alto funcionario al diario estadounidense The Wall Street Journal.

La publicación afirma que Peña Nieto estaría siendo investigado como parte del caso de corrupción de Lozoya Austin.

De acuerdo con el reporte, la indagatoria sería conducida por la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero y toma como base la información obtenida a partir del expediente contra el exdirector Pemex, quien fue detenido la semana pasada en Málaga.

«La oficina de la FGR tiene evidencia que la corrupción de Emilio Lozoya en Agro Nitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel. La extradición y posible confesión de Lozoya son elementos que, junto a las investigaciones en curso, pueden decidir los cargos a imputar al expresidente en el futuro», fue la declaración ofrecida por el funcionario citado en el reporte del WSJ.

La supuesta declaración del funcionario no es una casualidad, seguramente forma parte de una estrategia de comunicación para comenzar el acostumbrado litigió en medios, todo parece indicar que habría una orden de captura contra EPN en los próximos meses.

Es un hecho histórico. Si Gertz Manero logra inculpar a Peña Nieto, sin duda se merecerá un monumento como homenaje a la anticorrupción. Pero para agarrar al expresidente, necesitan, sin duda, tener antes en sus manos a que fungió como una especie de vicepresidente, el excanciller Luis Videgaray Caso.

Atentos los próximos días.

En tiempo real

1.- Morena nuevamente trata de lanzar un golpe de autoritarismo a la UNAM.

El diputado morenista, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para “democratizar” las formas de gobierno, de manera específica el método en que se designan al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos de investigación, entre otros cambios.

Cambiar la Ley Orgánica de la UNAM pone en severo riesgo la autonomía universitaria. Y esto simplemente no puede pasar. Esta es la segunda vez que desde la Cámara de Diputados se pretende entrometer en la vida universitaria.

Como en otras ocasiones, Morena se deslinda e informa que retirará la iniciativa.

2.- El Parlamento Abierto para la reforma en materia de subcontratación laboral (outsourcing) organizado en San Lázaro por el diputado Manuel Baldenegro, presidente de la Comisión del Trabajo, tuvo casa llena.

En la inauguración, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dejó en claro algo que no han entendido los radicales de Morena: habrá regulación y control de abusos sin afectar la inversión y el empleo y distinguiendo a buenos y malos.

La industria de la subcontratación laboral celebró la mesura de la titular del Trabajo y del Dip. Baldenegro y en voz de Elías Micha, director de TallentiaMX, asociación nacional en administración de capital humano, y Javier Treviño, del CCE, reafirmaron su rechazo a la sobreregulación del sector, pues eso equivaldría a agravar la incertidumbre, la informalidad y el desempleo.

3.- México se suma a países como Argentina, Australia, Brasil y Canadá en la prohibición de los cigarros electrónicos para proteger la salud de los ciudadanos.

Con esta acción se atiende a los compromisos internacionales y al derecho fundamental a la protección de la salud de toda persona, previsto en el artículo 4° constitucional y para evitar el daño en la población, particularmente en jóvenes, sea irreversible.

La OMS ha argumentado que estos dispositivos constituyen un riesgo para las personas del entorno expuestas al aerosol exhalado por los usuarios de estos dispositivos, ya que las soluciones y mezclas utilizadas suelen estar disueltas en propilenglicol o glicerina, elementos dañinos para el corazón y los pulmones.