Perniciosa competencia

La competencia no sólo es entre candidatos por el voto; hay un segundo plano de competencia, perniciosa por su ilegalidad e impacto en la libertad del sufragio. Es la competencia por la ilegal intervención en la elección. Por una parte, está la parcialidad presidencial y su reiterada interferencia en el proceso electoral; la Constitución y la ética democrática le obligan a la imparcialidad, a él y a toda autoridad; sin embargo, una y otra vez, de diversas formas participa en todas las etapas del proceso electoral: en la selección de candidatos, en la definición de la oferta del partido oficial y en el ataque a la oposición y sus candidatos. Por la otra, la presencia del crimen organizado. No es un tema nuevo, pero por lo que se conoce va en aumento y lo que viene se identifica como una amenaza de proporciones mayores, agravada por la pasividad gubernamental, recreando con o sin razón la sospecha de connivencia del poder político con el crimen organizado. El oficialismo está en su derecho de proponer al votante un proyecto radical de transformación que, para efectos prácticos, significa la devastación del edificio democrático. Pero no existe derecho a que la decisión ciudadana ocurra en una contienda injusta; hay suelo disparejo por la ilegalidad y la parcialidad gubernamental y la disposición de recursos humanos y financieros públicos. Es una elección de Estado y como tal resta legitimidad al resultado si fuera favorable al oficialismo e impediría que los derrotados aceptaran la validez de la decisión. De esta manera la elección dejaría de ser el momento final de la competencia y de allí la reconciliación, sino el inicio de un proceso de descomposición al margen de la civilidad democrática y de sus reglas, un paso incierto a la confrontación y, eventualmente, al caos. La información de investigación de medios confirma que el asedio del crimen organizado es una amenaza mayor para que los comicios se celebren en normalidad. Independientemente de la validez de las imputaciones sobre el financiamiento ilegal a la campaña del PRD en 2006 debe importar y preocupar que las autoridades federales hayan renunciado a la presencia del Estado en los territorios de dominio criminal. En las condiciones actuales, decir desde la más elevada oficina que el país está en paz es aceptar el estado de cosas y anticipar que nada se hará para revertir o al menos atenuar la presencia del crimen. Muy preocupante es que autoridades religiosas tengan que encarar a los criminales para solicitarles que contengan su agresión a la población. Signo de desesperación e impotencia por la ausencia de autoridad. No es un asunto menor, es de la mayor gravedad y todavía más el beneplácito presidencial por este diálogo, lo que significa que la autoridad abdica a su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, especialmente porque el encuentro con los delincuentes no es entre iguales y deja expuestos a los interlocutores y de alguna manera el beneficio de la paz social no resulta del respeto a la ley, es gracia de los criminales. El país se encamina a normalizar una situación totalmente irregular por la presencia del crimen en la vida cotidiana de las personas. Al margen de la iglesia católica y algunos líderes de opinión y organizaciones civiles, hay un inaceptable nivel de complacencia respecto al abandono oficial en cumplir su responsabilidad en el combate al crimen organizado, abatir la impunidad y así garantizar la paz social. El director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, tiene razón en su afirmación de que sirven poco las previsiones del INE y de las autoridades de proteger candidatos y las salvaguardas convencionales para las campañas y la jornada electoral. Se requiere que el Estado recupere su soberanía en los territorios ahora bajo el control del crimen, que candidatos puedan emprender su proselitismo con libertad y que los ciudadanos puedan votar sin intimidación. Esa es la manera en que el proceso electoral pueda realizarse en normalidad. A partidos y candidatos corresponde la difícil, riesgosa e ingrata tarea de documentar las irregularidades por ilegales interferencias a efecto de que la instancia judicial pueda actuar en consecuencia. La mejor manera de atenuar los efectos corruptores de la interferencia indebida del crimen o la parcialidad de autoridades es la participación electoral. Elecciones concurridas son la mejor respuesta a las graves amenazas contra la democracia mexicana.