Pero qué necesidad

El gobierno de Estados Unidos ha solicitado a México consultas de resolución de disputas bajo el T-MEC en el sector energético, debido a violaciones en varios capítulos del acuerdo en el tema. La Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, señala que las consultas se refieren a medidas del gobierno que socavan a las empresas norteamericanas y la energía producida en EU a favor de la CFE y Pemex.

Se impugna la ley de la industria eléctrica que ofrece prioridad a la electricidad producida por CFE sobre la generada por los competidores privados, así como las demoras, denegaciones y revocaciones para que las empresas privadas operen en el sector eléctrico. 

Con la pérdida de mayoría calificada en la elección de 2021, el presidente López Obrador perdió capacidad para revertir las reglas en la Constitución que aseguraban la liberación del mercado eléctrico y que permitían la concurrencia de productores eléctricos. La CFE mantenía el monopolio de la transmisión, no así el de la generación eléctrica, con la cláusula adicional preferente a los generadores de energías limpias. Ante tal circunstancia, el presidente propuso la Ley de Energía Eléctrica para lograr por la legislación ordinaria lo que la Constitución no le permitía. La mayoría de los ministros de la Corte se pronunciaron por la inconstitucionalidad, pero no se logró la mayoría calificada para revertir la norma.

En breve: López Obrador promulgó una ley inconstitucional que no pudo ser revertida porque no se alcanzó la mayoría calificada. La aplicación de la norma, además, en opinión de los particulares y de los gobiernos de EU y Canadá es contraria al contenido del T-MEC. El Presidente no coincide e invoca a la opinión de un empleado de él, como argumento para acreditar que lo que hace el gobierno sí se corresponde al contenido del acuerdo comercial.

Las diferencias son comprensibles. Sin embargo, en el caso particular del sector eléctrico, López Obrador parte de un supuesto discutible y poco creíble, que nace más del prejuicio que de la razón, de un arreglo corrupto entre los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto y las empresas particulares en detrimento de CFE. Cabe señalar que no hay ningún proceso administrativo, civil o penal que acredite el señalamiento del presidente. De esta forma, se puede afirmar que la postura del gobierno de México es ideológica; reivindica el estatismo por encima de la libre concurrencia y, por lo mismo, es inconstitucional y contraria al acuerdo comercial.

Este gobierno carece de compromiso con la legalidad derivado de la falsa tesis de que la justicia está por encima de la norma. Así, no sólo se desentiende de los límites que la Constitución y la ley le imponen, sino que obliga a la mayoría del poder legislativo actuar a contrapelo de la Constitución y del T-MEC. Las resoluciones de los jueces se discuten, descalifican e ignoran y a ellos se les agrede, amenaza y con ligereza se califica de corruptos.

El señalamiento de las autoridades norteamericanas, al que se suman los de Canadá, es el inicio de un largo proceso de consecuencias muy graves para el país. No se trata de tener miedo, sino de actuar responsablemente. El desenlace podría ser gravoso en extremo para el país; por cierto, se daría en los últimos meses de este gobierno o en el próximo. 

No había ninguna necesidad de hacer mofa de la declaración de las autoridades norteamericanas. El respeto que se pide es el mismo que debe otorgarse. El presidente puede diferir de la postura de los socios, pero no puede trivializar el tema y menos recurrir a la burla para desacreditar lo que institucionalmente se está exponiendo.

López Obrador no entiende que no es él ni su gobierno quienes están de por medio, es el interés del país. Su investidura lo obliga a la sobriedad y a la prudencia, más cuando se trata de la relación con las autoridades del país vecino, que resulta ser el principal socio económico y lugar de residencia de millones de connacionales.