Política intervencionista de Trump

Militares de Trump en México si no hay ley de seguridad interior

WASHINGTON, DC. 24 de febrero de 2017.- Como en política todo se mueve en el mundo de las distracciones, la amenaza del presidente Trump de enviar militares estadunidenses a confrontar a los cárteles del crimen organizados tuvo como escenario el repliegue de las fuerzas armadas mexicanas por la negativa institucional a aprobar una ley de seguridad interior.

El regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles por la congelación de la ley de seguridad interior dejaría las plazas sin control — Sinaloa, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y avance en otras– y con las fuerzas policiacas rebasadas.

Ahí es donde se localiza el aviso hecho por Trump en la conversación telefónica con el presidente Peña Nieto: si no pueden ustedes con sus militares, mando a los míos.

El asunto se complica más cuando el equipo de seguridad nacional de Trump está militarizado — con el silencio cómplice de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros organismos que acosan a México por el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior bastante asociadas a la seguridad nacional– y, peor aún, está formado por expertos en guerra contrainsurgente, es decir, acciones militares letales a través de comandos especiales.

Más que el temor a una ley que regularice jurídicamente la participación de las fuerzas armadas en la tarea interior de la seguridad nacional amenazada por cárteles transnacionales, el rechazo a legislarla nada tiene que ver con temas de derechos humanos o exceso en la fuerza letal, sino en lo que dijo claramente el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, en la ceremonia en Puebla del Día del Ejército, ante representantes de todas las instituciones del Estado:

“La iniciativa (…) debe de contener un concepto multidimensional, que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y, nuevamente, gradualidad; es decir, no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas. Esperamos que sea una ley que fortalezca, precisamente, al Estado mexicano. Una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer. Que los gobiernos Federal, estatales y municipales, se responsabilicen y rindan cuentas”.

La seguridad pública por el activismo de los cárteles transnacionales se convierte en seguridad interior porque atenta contra las estructuras del Estado y por el intervencionismo de la administración Trump escala posiciones hasta llegar a seguridad nacional.

Este sendero de seguridad ha sido ignorado por legisladores.

Y curiosamente, los organismos defensores de derechos humanos parecen estar avalando el enfoque intervencionista de Trump porque el retiro de los militares mexicanos de las tareas de seguridad interior contra los cárteles llevará a que partidas militares estadunidenses se metan en México — como en Colombia– a combatir al crimen organizado asociado a las drogas.

Lo que falta por aclararse es si estos organismos buscan ese modelo estadunidense de manera consciente, o, como lo recordó el general secretario, actúan “por falta de información o tergiversación de la misma u otros intereses no visibles”.

El crimen organizado y las presiones estadunidenses no están jugando. Lo recordó también el general secretario el domingo pasado: “la Ley de Seguridad Interior deberá atender problemas graves que pongan en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y la permanencia de sus instituciones”.

Sin seguridad interior — ley y militares formalizados– , los marines estadunidenses van a llegar a México.

Política para dummies: La política es el arte de llevar directamente el punto A al punto B pero pasando siempre por el punto C.

Sólo para sus ojos:

La estrategia mexicana ante la administración Trump es la de resistir y no la de buscar alternativas.

En Los Pinos existe la percepción – o creencia– de que Trump será más político al comenzar el día ciento uno. Lo malo es que faltan aún setenta días y Trump tiene al mundo de cabeza y agotado.

El excandidato republicano y senador por Arizona John McCain se ha dado a sí mismo el trabajo de “presidente de sombra”, es decir, operar como contrapeso público del presidente Trump.

Dicen en los pasillos del poder que Emilio Alvarez Icaza usó el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como trampolín para cabildear en los lobbies estadunidenses su posible candidatura presidencial ciudadana para el 2018. Y que logró en Washington buenos padrinazgos.

Buen mordisco le dará Miguel Angel Yunes a la popularidad de López Obrador. Sea cierto o no lo del dinero de Duarte, la denuncia pegó en medios.

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