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OAXACA, Oax. 1 de septiembre de 2026.- Un presunto fraude relacionado con un pagaré por 5 millones de pesos atribuido al ex presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta Escudero, podría provocar el embargo del predio donde se encuentran la Unidad Básica de Rehabilitación y un pozo que abastece de agua a cuatro sectores.
El presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, informó este martes que el Ayuntamiento enfrenta un litigio derivado del supuesto préstamo contratado durante la administración de Huerta Escudero.
La deuda reclamada, que originalmente era de 5 millones de pesos, supera actualmente los 10 millones debido a los intereses acumulados, explicó.
El procedimiento pretende afectar un terreno de aproximadamente una hectárea donde opera la Unidad Básica de Rehabilitación y se localiza un pozo que suministra agua a los sectores San Diego de los Hornos, Pinos, Árboles y Primero de Mayo.
García Márquez sostuvo que existen elementos para considerar que la operación fue irregular y señaló que no se habrían cumplido los procedimientos legales necesarios para comprometer o disponer de patrimonio municipal.
Por ello, acudió al Congreso de Oaxaca para solicitar a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales una revisión exhaustiva de los antecedentes del caso.
El alcalde explicó que los elementos que obtengan de esa revisión serán incorporados a la estrategia jurídica del Ayuntamiento para buscar que el procedimiento de embargo sea desechado.
Descartó que el municipio pretenda solicitar recursos adicionales al Congreso para pagar la cantidad reclamada, al sostener que primero debe determinarse la legalidad del supuesto préstamo y del pagaré que dio origen al litigio.
García Márquez informó además que planteó el caso al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, y que se prepara la presentación de denuncias penales por las posibles irregularidades.
“Me parece que ahí la responsabilidad directa es de Galdino Huerta”, señaló el presidente municipal, aunque corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades legales.
En el Congreso, el edil solicitó el respaldo de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, presidida por Adán José Maciel Sosa, así como de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tania Caballero Navarro.
García Márquez aseguró que el Ayuntamiento mantendrá la defensa jurídica del inmueble para evitar que el litigio afecte tanto la Unidad Básica de Rehabilitación como el abastecimiento de agua a los sectores que dependen del pozo.