Prioridad, mejorar atención a defensores de derechos: Fiscal de Oaxaca

OAXACA, Oax. 22 de febrero de 2024.- Al participar en la reunión de evaluación de cumplimiento del “Acuerdo para el Reconocimiento y Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que el organismo procurador de justicia está trabajando para fortalecer la atención a las personas defensoras de derechos humanos con el objetivo de brindar mejores resultados, pues es un tema prioritario para la institución.

El Fiscal General de Oaxaca, Rodríguez Alamilla resaltó en un comunicado las acciones que se han realizado para fortalecer las labores de procuración de justicia, destacando la creación de la Unidad Operativa Especializada en Atención a Personas Defensoras, además de procesos de formación a quienes la integran, con el objetivo de alcanzar la especialización en la materia, que a su vez permita atender las particularidades de las víctimas.

Puntualizó que la Fiscalía de Oaxaca pone especial énfasis en la capacitación y formación para que el personal pueda fortalecer y transversalizar el enfoque de derechos humanos en la actuación ministerial, así como mejorar los procesos de análisis del contexto y análisis de riesgo para aplicar medidas más efectivas.

Rodríguez Alamilla reconoció la importancia de evaluar en forma continua las acciones y avances pues, por medio de este tipo de reuniones es posible identificar lo que se está haciendo en forma adecuada y fortalecerlo, además que permite ver áreas de oportunidad y corrección de los puntos débiles.

En la reunión también participó la titular de la Coordinación para la Atención a los Derechos Humanos, Flor Estela Morales Hernández; la integrante de la organización defensora de derechos humanos Código DH Gobixha, Sara Méndez Morales; y el Secretario Ejecutivo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos.

La Fiscalía General del Estado tiene como eje estratégico mantener una colaboración constante con la sociedad civil organizada, además de otras instituciones públicas permite fortalecer los procesos de justicia.