SANTA MARÍA ALOTEPEC MIXE, Oax., 21 de junio de 2021.- La Propuesta de Iniciativa para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, fue bien recibida y aprobada de manera unánime por las comunidades de las nueve regiones del estado de Oaxaca, que se dieron cita este fin de semana en trece sedes para participar en las sesiones de seguimiento del proceso de consulta libre, previa e informada.

De acuerdo a un comunicado de prensa, este domingo respondieron a la convocatoria emitida por la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), como órgano garante, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), unas mil 089 autoridades municipales, agrarias y comunitarias, así como integrantes de las comisiones de seguimiento, legisladores federales y ciudadanía interesada en el tema.

Las sesiones se desarrollaron con respeto a las medidas sanitarias en los municipios de Santa María Alotepec, en la Región Mixe del estado; Guelatao de Juárez, en la Sierra Norte; Tlacolula de Matamoros, en los Valles Centrales; Miahuatlán de Porfirio Díaz y Santiago Yaitepec en la Sierra Sur; San Juan Bautista Cuicatlán, en La Cañada; y Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca.

El sábado también se desarrollaron trabajos en San Lucas Ojitlán, región de la Cuenca del Papaloapan; Heroica Ciudad de Tlaxiaco y Silacayóapam, en la Mixteca Alta y Baja, respectivamente; Santiago Jamiltepec en la costa, Santa Catarina Juquila en la Sierra Sur y Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, donde las y los asambleístas aprobaron por unanimidad la propuesta de reforma indígena.

El Director General del INPI, Adelfo Regino Montes, participó en la Asamblea Regional de Seguimiento de Santa María Alotepec Mixe, donde reiteró el respeto que tiene el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las autoridades indígenas y aseguró que la cuarta transformación de la república no se puede entender sin la participación de los pueblos y las comunidades.

En su pueblo natal, asentado en las faldas del cerro del Zempoaltépetl, sostuvo que no es un tema menor cambiar la Constitución y las leyes del país, para que los pueblos y comunidades estén debidamente reconocidos y que no se repita la historia de exclusión, discriminación, racismo, abandono y de olvido en que estuvieron casi 200 años, desde la existencia del Estado Mexicano.

«Hemos llegado a la conclusión de que es importante en este momento histórico que vive el país, que hagamos esta reforma a la Constitución y a las leyes, pero esto no lo vamos a hacer desde el escritorio ni con despachos, esta reforma debe partir de abajo, de la voluntad, el pensamiento y el sentimiento de nuestros pueblos y comunidades».

Recordó que para elaborar la propuesta de iniciativa se realizó una Consulta Nacional a través de 54 foros regionales en 27 entidades federativas y otro más con migrantes en Estados Unidos, del 21 de junio al 4 de agosto de 2019, en los que participaron más de 27 mil personas que emitieron sus opiniones, planteamientos y recomendaciones.

En tanto, en Huautla de Jiménez la representación de la Secretaría de Gobernación dijo que el gobierno federal busca mediante este diálogo de acercamiento con los pueblos indígenas, atender sus demandas históricas para resolver los problemas de marginación, pobreza, exclusión, racismo y discriminación que hoy laceran y dividen a la sociedad, por lo que hoy se busca atender sus reclamos para hacer efectivos sus derechos.

En este espacio, la Presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos, reconoció el acercamiento que el INPI ha emprendido con el Poder Legislativo en este proceso de consulta para la Reforma Constitucional, con la finalidad de reconocer los derechos de los pueblos y comunidades.

En presencia de la Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Segob, Josefina Bravo Rangel, destacó que a partir de este gobierno se trabaja diferente para cambiar el régimen y que las acciones deben emprenderse con la participación de todos, «porque antes nunca se consultaba a los pueblos y las decisiones se tomaban en escritorios para defender los intereses de empresarios».

Por otra parte, en Guelatao la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez, que es conformada por 26 municipios en concordancia con otras organizaciones mixtecas y zapotecas que abarcan 110 municipios, presentaron un documento donde solicitaron al Congreso de la Unión la aprobación inmediata de la propuesta de la reforma constitucional.

La Asamblea de Tlacolula recibió propuestas para el reconocimiento de los gobiernos comunitarios, en las que piden incluir más elementos que definan las funciones de un cuarto nivel de gobierno y facultar a los municipios indígenas con personalidad jurídica para que tengan capacidad de recibir y administrar recursos públicos.

Del mismo modo, en Miahuatlán las autoridades mixtecas y chatinas avalaron la propuesta de iniciativa y, del mismo modo que en las otras sedes, las y los representantes del poder legislativo se comprometieron a impulsarla en ambas Cámaras (Diputados y Senadores), así como a dar seguimiento en el proceso y que se respete la voluntad de las comunidades.

Solicitaron además que se garantice en la Constitución el ejercicio de su derecho a la consulta y el consentimiento libre previo e informado, sobre todo tratándose de proyectos de explotación de recursos minerales en sus territorios.

En Cuicatlán, los participantes reconocieron el trabajo que viene realizando el Gobierno de México y pidieron revisar los problemas ejidales que hay en sus comunidades, así como vigilar el aprovechamiento sustentable de sus materiales pétreos, impulsar proyectos productivos y medidas de combate a la corrupción en los municipios de la región.

Finalmente, en Santiago Yaitepec las autoridades municipales y agrarias, así como las integrantes del consejo de ancianos pertenecientes al pueblo chatino, manifestaron que uno de los temas fundamentales es el referente a la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales.

Las comisiones de seguimiento también aprobaron la propuesta presentada por el INPI para la constitución del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), que se busca sea un órgano colegiado que deberá contar con la participación de todos los pueblos indígenas y afromexicano del país, en el cual analicen, reflexionen y tomen decisiones respecto de sus derechos fundamentales y su bienestar integral.

Las modificaciones constitucionales que se pretenden someter al poder legislativo tienen entre muchos propósitos que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, lo que implica la capacidad legal plena para ejercer sus derechos y funciones de autoridad.

Del mismo modo, plantean consolidar el derecho de libre determinación y autonomía, al armonizarlo con los instrumentos internacionales en la materia y mediante mecanismos para su ejercicio efectivo. La propuesta de iniciativa de reforma dirigida a las y los integrantes de las comisiones de seguimiento se puede consultar en la página del INPI: https://www.gob.mx/inpi