Raúl Ávila Ortiz | Oaxaqueñología | Participar y gobernar

OAXACA, Oax., 28 de febrero de 2021.- En el núcleo de los derechos políticos de los ciudadanos habita el de participar en el gobierno de las comunidades organizadas a las que estamos adscritos: el municipio, la entidad federativa o el ámbito federal.

Para hacer viable ese principio, moral, social y jurídicamente valioso, reconocido en convenciones internacionales, constituciones nacionales y normas consolidadas por los órganos impartidores de justicia, tenemos disponibles otros derechos:

El derecho a votar y ser votado, expresión y asociación, afiliación y desafiliación a los partidos y agrupaciones políticas, acceso a la información y protección de datos personales, acceso a la función pública y su ejercicio sin violencias, con paridad de género, interculturalidad y sensibilidad a grupos vulnerables, consultas ciudadanas y la revocación del mandato, incluso.

En un estado constitucional medianamente maduro, esos principios y derechos deben estar protegidos y tutelados a través de garantías diversas, en particular, pero no solo las de carácter jurídico, que son de tipo administrativo y jurisdiccional.

El estado constitucional mexicano ha avanzado en los últimos tres decenios, aunque no lo suficiente, en la estructuración y desarrollo de tales garantías a aquellos derechos, con todo y que el contexto en que actuamos nuestras vidas ha sido complejo y adverso a tal orientación.

Así, por ejemplo, hemos construido, con todas sus debilidades, un sistema jurídico electoral único en el planeta con instituciones fuertes: sistemas de institutos electorales, tribunales electorales y fiscalías para delitos en la materia, así como la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la defensa y tutela de los derechos.

Pero también hemos reproducido y ampliado un ambiente de desigualdad, ilicitud, violencia e impunidad que obstaculiza la integridad necesaria y suficiente para nuestro crecimiento en cultura democrática. La muestras de este déficit estan a la vista.

Por un lado, el Instituto Nacional Electoral tiene que reiterar la advertencias y llamados a cumplir con la legalidad. Por el otro, el mismísimo Presidente de la República tiene que convocar a un Acuerdo Nacional por la Democracia con el propósito de ratificar lo que ya prevén y sancionan la Constitución y las leyes. Y, del otro lado de la mesa, los pre candidatos y partidos buscan posicionarse –algunos a cualquier costo– lo mejor posible antes de que inicien las campañas.

Todo ello genera mensajes y vectores encontrados, propios de las contiendas electorales a la mexicana, cuyas controversias la justicia electoral tendrá que resolver.

Ante tal escenario, bien haríamos todos los actores sociales, políticos y jurídicos en actuar con la mayor prudencia posible. En asumir que somos parte del sistema político y su contexto. En entender que es legítimo competir para ganar, pero sin dañar el terreno de juego, a los árbitros y a los órganos de la justicia, al estadio y sus alrededores. En blindar los procesos electorales de la influencia de la ilicitud. Pensar en el presente, pero también en el futuro de nuestros hijos para heredarles mejores condiciones y no peores.

Mientras no trabajemos para mejorar la calidad del contexto en que transcurre la vida diaria y los procesos electorales y de gobierno, nuestros derechos y sus garantías no serán todo lo efectivo que deseamos y merecemos, y cada semana nos seguiremos sorprendiendo, precisamente por lo que no hacemos.

En los meses que corren, con todo y el agravante de la pandemia, estamos ante una nueva oportunidad para contribuir a mejorar las condiciones de la participación política.