Realizarán juicio popular contra empresas mineras en Oaxaca

OAXACA, Oax. 10 de octubre de 2018.- Comunidades oaxaqueñas organizaron el denominado juicio popular contra empresas mineras y el Estado que otorgó los permisos para su instalación en territorio estatal.

El juicio popular se realizará los días 11 y 12 de octubre en la iglesia de los Pobres, en el que habrá un foro de denuncias públicas, una caminata al Zócalo y ahí darán lectura a la sentencia emitida por el tribunal popular.

De acuerdo con la organización En defensa de los territorios, esta iniciativa surgió a partir de los acuerdos generados en el Segundo encuentro estatal de pueblos, comunidades y organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los días 23 y 24 de febrero de 2018.

En dicho encuentro participaron alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente están enfrentando los embates del modelo extractivista.

En dicho encuentro analizaron que es importante empezar a articularse para fortalecer su defensa, además de enjuiciar al Estado y las empresas mineras por sus acciones.

En las últimas dos décadas, explicaron, el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos de muerte, amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades.

Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

Estos proyectos han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros.

Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios  ancestralmente.

Los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera.

Dentro de estas estrategias se encuentran los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.

El actual gobierno estatal ha definido como una política de “desarrollo” económico impulsar con mayor fuerza los proyectos mineros, anunciando una inversión de 87.5 millones de dólares.

Esta inversión no se traduce en un ingreso directo al presupuesto del Estado, y tampoco en  mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades donde la minería se pretende desarrollar.

Por el contrario profundiza la brecha de desigualdad y pobreza, ya que en la práctica las empresas únicamente entregan el 1% de sus ganancias totales repartidas entre el gobierno federal, estatal y municipales, por lo que este contexto violenta los derechos al territorio, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la paz comunitaria, entre los más importantes.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a dicho modelo, los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos, que los pueblos den su palabra y exijan el respeto a sus derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales, explican.

El objetivo del  Juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca es visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros, para hacer frente al modelo extractivo, exigir el respeto de los derechos de los pueblos y fortalecer la articulación de las luchas.

Podrán participar pueblos, comunidades, organizaciones, autoridades municipales, agrarias y comunitarias  que tienen alguna problemática y/o violación a sus derechos, derivada de la implementación de proyectos mineros, por la asignación de concesiones mineras,  así como actividades de prospección, exploración o explotación minera.

El Juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca será una actividad pública y el jurado estará integrado por experiencias y expertos  estatales, nacionales e internacionales.