Rectoría educativa, ¿medio o fin?

Al analizar las condiciones del sistema educativo michoacano, adquiere importancia el enfoque de rectoría del estado, cuya posesión es un escenario deseable ante el contexto local, que comprende déficit financiero histórico, un escaso desarrollo institucional, con un grado de gobernabilidad promedio muy bajo, con fuertes movilizaciones e inconformidades en su ambiente interior, padeciéndose la colonización y captura de muchos procesos que le corresponde al sector gubernamental normar y liderar con políticas públicas, para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad, con respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Al respecto, desde 2009, fecha del lanzamiento del capítulo Michoacán de Mexicanos Primero expusimos públicamente las razones por las cuales recuperar la rectoría de la educación estatal constituía un objetivo primordial para poder sanear y mejorar el sistema educativo local. En este momento, como en muy pocos en el pasado, se puede apreciar que existen mayores condiciones de gobernabilidad en la educación estatal y, a su vez, de posesión de rectoría por parte del gobierno.

Es momento de preguntarse, si la posesión de la rectoría educativa constituiría un medio o una finalidad en sí misma. Bajo un enfoque de la denominada “razón de estado”, término acuñado por Nicolás Maquiavelo, la posesión de la rectoría implicaría la posesión plena del poder, de la legitimidad y de las condiciones para ejercer actos de autoridad. Pero, un régimen o una dictadura no son lo que se requiere en un sistema educativo. La rectoría es una herramienta para la autoridad, en sus dos acepciones, tanto para ser capaces de diseñar e instrumentar políticas públicas como para ejemplarizar transitando por el sendero recto que implica el adecuado ejercicio del poder, lo que en este caso conlleva garantizar plenamente los derechos educativos de las generaciones en formación, mejorando continuamente los indicadores que manifiestan la efectiva garantía del acceso universal e incluyente a estar, aprender, participar y convivir en las escuelas michoacanas.

Es decir, la rectoría de la educación en manos del gobierno es solamente un medio para servir mejor a la ciudadanía. Se han dado pasos desde el estado fallido, la ingobernabilidad y el déficit de gobernabilidad hasta un estado relativamente aceptable de gobernabilidad, que conlleva intrínsecamente la posesión de rectoría de las instituciones por parte de las autoridades legalmente establecidas. Ahora, es momento de considerar el cierre de esta etapa para actuar en dos dimensiones: la mejora continua de la educación y el tránsito hacia la gobernanza, que implica el ejercicio compartido de la toma de decisiones, la participación ciudadana, dar voz a los agentes educativos, mejorar el marco regulatorio, instaurar la vivencia de valores democráticos en todas las comunidades escolares en un clima de respeto, de ausencia de violencia y de corrupción.

Hasta ahora, la autoridad ha dado solo unos pocos pasos en aras de activar los mecanismos de participación ciudadana en la educación. Es comprensible la situación, por la manera en la cual se recibió al sistema educativo estatal, que requería la activación de un plan de acción en asuntos eminentemente financieros, administrativos, laborales, políticos, gremiales y organizacionales, que conllevaron concentrarse en una etapa pre-educativa. Ahora, hay condiciones para actuar en las vertientes mencionadas.

En Michoacán, el estilo de gobernar, las concepciones de poder y su ejercicio han sido más suaves que a nivel federal, ya que se han atemperado algunas medidas drásticas impuestas desde el centro, las cuales han afectado a más de 3.6 millones de estudiantes y sus respectivas familias, como es el caso de la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Justo esa acción nos permite realizar una mirada al estilo de mando del gobierno federal actual. Durante el actual sexenio, en una postura ética sumamente cuestionable, el gobierno federal ha mostrado mucha disposición para acudir a los tribunales para litigar en contra de organizaciones de la sociedad civil que le demandan mejores políticas públicas, mayor inversión y resultados a favor de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en el país.

Por ejemplo, en uno de tantos asuntos jurídicos que tiene abiertos la SEP, durante esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar un litigio que emprende Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, a favor de la jornada ampliada y la alimentación escolar. Con ello, deberá seguirse el respectivo proceso en los tribunales administrativos, lo cual reduce a un carácter simbólico la anunciada victoria de Aprender Primero, toda vez que se trata de un asunto respecto a la necesaria asignación de presupuesto para la jornada escolar ampliada y la alimentación escolar para 2022, a favor de la niñez y de la juventud mexicanas. Sobra hacer notar que, Aprender Primero no hubiera emprendido esta acción jurídica si las autoridades educativas hubiesen garantizado plenamente los recursos para tales efectos, por lo que, la situación es propiciada por los actos indebidos de las autoridades, quienes se han olvidado del interés superior de la niñez y la juventud.

Al respecto, la defensa a ultranza de una postura antiprogresista, poco garantista que ha emprendido la SEP da mucho en qué pensar.  Una autoridad que se niega a escuchar voces que no sean las internas, que evita conceder razón, asumir opiniones, recomendaciones y propuestas para modificar su accionar, solo pueden atribuirse una vez más a la razón de estado, donde el sostenerse en el error proviene de una concepción pobre del poder y de sus finalidades, porque aceptar equivocaciones equivale al debilitamiento de la imagen propia.

Ante ese ejemplo de lo que sucede en el gobierno federal, es momento de que, en nuestro ámbito estatal se generen condiciones para trascender esos paradigmas obsoletos y construir las nuevas etapas necesarias en las vertientes mencionadas.

Paralelamente, las consecuencias de sostener la rectoría de la educación siguen cundiendo en el sistema educativo estatal. Un ámbito en donde ha impactado ampliamente es en el gremial, donde la atomización de las expresiones sindicales continúa su curso. Esta semana, el proceso de renovación del ala roja de la Sección XVIII de la CNTE, autodenominada “Poder de Base” siguió su curso entre confrontaciones cada vez más violentas.

Si bien, es positivo que, los líderes de esa expresión gremial hayan tomado providencias para realizar este proceso en periodo prácticamente vacacional, también es cierto que pareciera estar fuera de control y que la desesperación campea en quienes rompen la paz en aras de satisfacer sus intereses.  Al final cada día se observa más que, los grupos cupulares solo se representan a sí mismos y que sus intereses son sumamente egoístas. Pareciera ser que, el divisionismo es un mal que afecta a los grupos gremiales cuando deja de existir el malestar docente y el trato privilegiado por parte de las autoridades. Por ello, se están volviendo a disputarse entre sí la representatividad, así como los cada vez más escasos recursos y el poder que les conlleva.

El acotamiento que les ha impuesto la disciplina financiera del Gobierno de Michoacán, con el pago puntual de salarios y prestaciones ha impedido que cunda la ingobernabilidad y el caos, lo cual conjura a los personeros y oportunistas de encaramarse en la inconformidad para aprovechar las circunstancias. Lenta, pero inexorablemente, este tipo de grupos está diluyendo su poder. El reto de concluir con sus cotos de poder en el tráfico de espacios laborales y control de centros educativos es todavía una asignatura pendiente para asegurar la rectoría de cada plantel en la entidad federativa.

Sin embargo, la proximidad de las elecciones del próximo 2 de junio representa un incentivo sumamente atractivo para disputarse a la CNTE o alguna de sus partes. El gremio magisterial ha sido un consuetudinario aliado del régimen en el poder para la operación política-electoral y esto constituye un interés más para hacerse del control gremial. Incluso, ya varios líderes magisteriales se han destapado en sus aspiraciones, por lo que se encuentran haciendo proselitismo deliberadamente, aparentemente al margen de la normatividad en materia electoral.

En contraste, es de reconocerse que la mayoría de las protestas que se suscitaron en el presente ciclo escolar fueron de bajo alcance, limitados a unas pocas escuelas o municipios, por la misma balcanización magisterial que se ha suscitado, pero ello no quiere decir que los problemas hayan desaparecido o estén contenidos, sino que no son generalizados ni ha habido la capacidad de los líderes gremiales de convocar a movimientos masivos.

Se ha pasado de una declaración de ingobernabilidad total a una guerra de guerrillas, donde muchas escuelas se siguen disputando palmo a palmo. Después de los eventos de asignación de espacios docentes y para personal directivo convocado a través de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (UESICAMM) es sabido que algunos líderes están complicando o bloqueando deliberadamente el arribo de personal promovido a planteles bajo su dominio. Resolver la problemática, respetando los derechos laborales de quienes recibieron el beneficio de la promoción por encima de los intereses de mafias gremiales es un imperativo inaplazable, para la recuperación de la rectoría educativa y poder dar paso a la implementación de medidas de gobernanza, las cuales serán naturales e inmediatas al instrumentarse el nuevo modelo educativo en agosto próximo, ya que la Nueva Escuela Mexicana coloca a la comunidad al centro, con lo cual el ejercicio participativo, democrático e incluyente se convierten en instrucciones a seguir.

Es un hecho que, mientras lleguen los pagos puntuales desde la federación hay margen de maniobra para el gobierno del estado y las autoridades educativas, tanto para sostener los cimientos de rectoría que se han construido como para asirse de más procesos y planteles en la entidad. Ante ello, lo realmente grave es que nos quedásemos en el impasse una vez más, sin posibilidades de un verdadero desarrollo educativo y que simplemente sea un dique de contención el pago a los docentes y, con ello, la favorable posesión de la rectoría de la educación se desperdicie. El tiempo es el factor clave que determinará si se tiene éxito en generar una nueva etapa educativa o se sobrelleva la situación en este marco político-electoral que puede envolver al sistema educativo estatal también.

Las urgencias llaman a la puerta y nos exclaman que necesitamos hacer mucho más por asegurar un cambio cultural en vastas regiones de la entidad federativa, donde la contracultura y los antivalores campean hasta en las conciencias infantiles, prevaleciendo modelos erróneos de vida como senderos de vida a imitar.

Es momento de preparar mejores políticas públicas para el arranque del ciclo escolar 2023-2024, esperemos se aproveche este tiempo para que la rectoría sea un medio para alcanzar la excelencia educativa, como cereza de las garantías individuales establecidas en el artículo tercero constitucional.  

Funcionarios, trabajadores de la educación y gremios educativos deben de aprovechar el periodo vacacional. Las generaciones en formación merecen una nueva etapa en el sistema educativo estatal.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.