Robles y Murillo, presos políticos

Itinerario político

Los dos casos, el de Rosario Robles y de Jesús Murillo Karam parecen cortados con la misma tijera.

Se trata de actos ilegales producto del rencor vengativo de un presidente urgido de escándalos y de “chivos expiatorios” capaces de distraer la atención de una gestión presidencial fallida.

Pero el resultado de la venganza de Palacio no sólo ratifica que vivimos en dictadura –en el gobierno de un solo hombre–, sino que revela la existencia de perseguidos políticos y, en el extremo, presos políticos.

Y la de presos políticos es la categoría desde la que se debe ver y analizar la persecucion contra la ex jefa de gobierno del DF y el ex titular de las PGR.

Y es que, por ejemplo, Jesús Murillo fue preso de manera ilegal, acusado por una Comisión de la Verdad inconstitucional y que violenta el artículo 21 de la Carta Magna, ya que Alejandro Encinas no es fiscal y no tiene facultades para investigar nada.

En pocas palabras, Jesús Murillo fue detenido en medio de una monstruosidad jurídica que atenta contra la Constitución; detención que pretende convertirlo en acusador de todo lo que el tirano de Palacio quiere que sea acusado el expresidente Peña Nieto.

Pero vamos por partes.

Es del dominio público que la señora Robles fue llevada presa mediante una acción ilegal, violatoria de la Constitución y que concertaron un juez y un fiscal lacayos del poder presidencial.

De esa manera –y cual integrantes de una pandilla mafiosa–, el fiscal y el juez que acusaron a la señora Robles fabricaron una licencia de conducir falsa y con una dirección que no correspondía a la vivienda de la acusada.

Es decir, que por consigna presidencial, el Pode Judicial se prestó a la detención ilegal de Rosario Robles, lo que la convirtió en la primera presa política de la dictadura de AMLO.

Además de que las acusaciones contra la ex dirigente del PRD se sustentaron en un deficiente y maniqueo trabajo periodístico –motejado como “la estafa maestra”–, del que nunca se pudo acreditar delito alguno contra la señora Robles.

En el fondo de la detención –además de la venganza personalísima de López Obrador contra su madre política–, flotaba el interés de Palacio de buscar una mano que, a cambio del perdón, acusara de impensables delitos al exmandatario Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, sabedora de su inocencia, Rosario no aceptó los tratos con sus perseguidores quienes por todos los medios buscaron empujarla al extremo de la traición. Prefirió la dignidad que, al final, le granjeó libertad condicional.

Sin embargo, la cara positiva del periplo inconstitucional que mantuvo presa a la señora Robles es que conoció el rostro de la traición de algunos de sus “dizque amigos”.

Y el caso más escandaloso fue el de Emilio Zebadúa, estrechamente vinculado con el diario La Jornada y con la señora Carmen Aristegui.

Resulta que para salvar su pellejo –ya que él fue el verdadero artífice de incontables “transas” en la Sedesol–, Zebadúa aceptó convertirse en testigo protegido a cambio de acusar de falsos delitos “a su amiga” y exjefa, Rosario.

Al final tampoco esa traición logró dañar a la ex presidenta del PRD. A su vez, el mismo día que fue liberada Rosario Robles, fue llevado preso el ex titular de la PGR en el gobierno de Peña Nieto.

Y en el caso de Murillo la monstruosidad jurídica llegó a extremos intolerables en una democracia seria.

¿Por qué?

1.- Porque la acusación contra el ex titular de la PGR surge de una Comisión de la Verdad que es inconstitucional, ya que no está prevista en la Carta Magna y violenta, de manera flagrante, el Artículo 21 Constitucional que dice: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función”.

2.- Es decir, que Alejandro Encinas –quien acusa a Murillo en sus conclusiones de que Los 43 fueron víctimas “de un crimen de Estado”–, no es Ministerio Público, sino subsecretario de Gobernación.

Por tanto actuó violando la Constitución, a pesar de que se ampara como presidente de la Comisión de la Verdad, creada por decreto de López Obrador; un decreto que también resulta violatorio de la Carta Magna.

3.- Más aún, en cualquier democracia en la que se crea una Comisión de la Verdad, sus integrantes son civiles, no servidores públicos, ya que es contrario a la norma elemental que una Comisión de la Verdad sea conducida por un subsecretario de Estado, como es el caso de Alejandro Encinas.

4.- Pero la venganza política contra Jesús Murillo llega a niveles de verdadero escándalo si acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde existe un expediente de Los 43 y, en especial, una denuncia por crímenes de Estado.

Sin embargo, cuando México fue acusado de un presunto crimen de Estado en el caso de Los 43, el gobierno de Peña Nieto presentó como pruebas de descargo una conversación obtenida por la CIA, en donde los jefes del grupo criminal, Guerreros Unidos, dan la orden de matar a los estudiantes.

Se trata del audio de una conversación entre los jefes de Guerreros Unidos, en aquel momento avecindados en la ciudad norteamericana de Chicago, quienes ordenan a sus empleados en Iguala, Guerrero, dar muerte a los 43 estudiantes.

Con esa evidencia, la CIDH desechó la acusación de que el crimen de Los 43 de Iguala fue “un crimen de Estado”, versión que de forma maniquea y violatoria de la Constitución hoy sostiene Alejandro Encinas, para llevar preso a Jesús Murillo.

En el fondo, con la persecución y cárcel contra Murillo Karam lo que pretende López Obrador es que el ex titular de la PGR se acoja al beneficio de Testigo Colaborador y mediante felonías diga contra Peña Nieto todo lo que quiere que se diga del expresidente el tirano de Palacio.

En pocas palabras, como López Obrador no consiguió que Rosario Robles acusara a Peña Nieto, hoy busca que Jesús Murillo se convierta en el acusador del expresidente.

La venganza sigue y continuará la persecución política contra los críticos y los opositores del tirano y veremos mas presos políticos.

Al tiempo.