Señalan comuneros del Istmo irregularidades en obra eólica

JUCHITÁN, Oax., 27 de octubre de 2016.- Un grupo de comuneros de San Blas Atempa acusó al gobierno federal de construir en tierras comunales una subestación que recibirá la energía eléctrica del parque eólico de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ubicado en la base militar número 2 en Ciudad Ixtepec.

A los comuneros se sumaron los integrantes del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (Fuco) para señalar que la federación no consultó al pueblo de San Blas Atempa como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Antonino Morales Toledo, presidente de esa organización, informó que ya se le pidió al presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Villa de San Blas Atempa, explicar los detalles del proyecto y las condiciones en que se están entregando las tierras.

Dijo que el gobierno federal compró los predios al presidente de Bienes Comunales para realizar un mega proyecto en territorio indígena sin haber realizado una consulta y presuntamente violando el procedimiento agrario en lo relativo a la expropiación de bienes ejidales y comunales.

Morales Toledo explicó que este procedimiento se lleva a cabo ante la Secretaría de la Reforma Agraria, pero la Resolución Definitiva tomada desde el nivel presidencial fija la Indemnización que corresponda.

Destacó que se inicia mediante solicitud de la parte interesada, con base en una causal de Utilidad Pública y en el caso de la Administración Pública se hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda según sus funciones.

Dicha promoción debe especificar los terrenos sujetos a expropiación, la causal invocada y los elementos de convicción que la apoyen.

Señaló que la Secretaría estudiará la solicitud y pedirá a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) el avalúo de las tierras, que debe elaborar el dictamen que servirá de base para el decreto presidencial que determinará la causa de utilidad pública, los bienes a expropiar y la indemnización.

Manifestó que el decreto expropiatorio debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación y notificarse al núcleo de población afectado, mientras que la parte, dependencia o entidad que resulte beneficiada por la expropiación deberá cubrir el monto de la indemnización ante el Fideicomiso Fondo de Fomento Ejidal.

“Es todo un proceso, pero el gobierno federal es el principal promotor de la vulneración de las garantías internacionales y federales que por derecho de ser indígenas y comuneros nos asisten”, indicó.