Sin consecuencias, hasta ahora

El estado de Guerrero vive su peor momento; golpeado por la naturaleza por el huracán Otis en Acapulco el pasado 24 de octubre; peor aún, por el reinado del compadre del presidente, Félix Salgado Macedonio, acusado por violación y una de las figuras políticas más detestables del escenario actual.

El López Obrador desafía todo sentido de decencia al respaldar, proteger y promover a un personaje de la calidad de Salgado Macedonio.

Perdió la candidatura a gobernador por no reportar el gasto de precampaña.

Como suele suceder con López Obrador, se indignó contra el INE, lo tomó personal y resolvió que Evelyn gobernara al estado más violento y complejo del país.

El mandatario descargó su enojo con los guerrerenses. Salgado Macedonio para efectos prácticos es quien manda en el Estado y lo hace por voluntad del presidente. Dolorosa lección para el feminismo obradorista.

Allí no hay consecuencia por las atrocidades del compadre, tampoco por el mal gobierno.

La denuncia pública y de la iglesia católica apunta no sólo a la ausencia de autoridad, sino a la colusión o connivencia de éstas con el crimen organizado.

Si hay un lugar donde se pueda sustanciar un narcoacuerdo político es en Guerrero. Las autoridades federales han sido complacientes.

El crimen organizado se impone respecto al tráfico de drogas y en la extorsión generalizada. Todos los negocios son golpeados por el crimen.

El transporte público urbano alza su voz sin que las autoridades cumplan su parte.

La alarmante situación se agrava por la complacencia del presidente de la República, a pesar del documentado deterioro de las condiciones para que los comicios transcurran en normalidad.

Es la ley de la selva.

La agresión del jueves pasado en Chilpancingo a tres estudiantes normalistas, uno de ellos arteramente asesinado, Yanqui Kothan Gómez, exhibe el deterioro grave de la situación.

El problema adquiere otra dimensión por el intento de las autoridades, no sólo de los policías, de incriminar a las víctimas para eludir la responsabilidad por el homicidio.

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el titular de la Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, afirmaron que los estudiantes eran delincuentes y que habían disparado a los policías quienes tuvieron que repeler la agresión.

Su versión, grosera falsedad, revela la ausencia absoluta de un sentido de justicia y de un elemental compromiso con la verdad.

La legalidad ausente; reina la impunidad.

La indignación de los estudiantes se hizo sentir ante el montaje de las autoridades estatales.

Al día siguiente el presidente replicó la versión local, pero solicitó que la FGR llevara la investigación, la que en materia de horas acreditó abuso de autoridad y violación de derechos humanos.

Para el lunes el presidente tuvo a bien rechazar la versión original avalada por los dos funcionarios: el estudiante había sido asesinado y, más importante, se le sembró el arma; los estudiantes nunca dispararon.

La gobernadora Evelyn Salgado tuvo que refrendar la versión del presidente.

¿Qué sucederá con los dos funcionarios que mintieron y encubrieron a los policías asesinos?

Deben ser separados de sus cargos y asumir responsabilidad penal por una falta mayor y sumamente grave, más cuando su falta facilitó la fuga del policía asesino. Hasta el momento nada ha pasado.

Prevalece la impunidad.

La gobernadora tiene responsabilidad política en el asunto y su renuncia debiera estar en la mesa, como ocurrió con sus antecesores Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa o con Rubén Figueroa por Aguas Blancas.

No sucederá así porque López Obrador cuida a los suyos, mientras Guerrero se hunde en la peor descomposición conocida.

Si el dominio del crimen favorece a su causa en la elección, para él mejor dejar así las cosas. Ganar la elección a toda costa.

El compadre ya celebra anticipadamente su reelección como flamante senador.

La presión del presidente a la FGR hizo que se procediera y encarcelara al exprocurador Jesús Murillo Karam a manera de mostrarlo como trofeo ante los padres de los normalistas asesinados en Iguala hace más de 9 años.

También se procedió contra militares en un caso que se viene abajo por falta de pruebas, mientras los autores confesos gozan de libertad.

Todo un espectáculo de indignante impunidad ratificado por la agresión -un asesinato- a tres estudiantes en Chilpancingo.

La justicia penal a modo de las necesidades políticas y discrecionalidad de López Obrador.