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OAXACA, Oax. 4 de septiembre de 2026.- “Sí temo por mi vida”, afirmó este viernes el periodista Graciano Gómez Lescas, luego de denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la privación ilegal de la libertad y las amenazas de las que fue víctima durante una cobertura en San Sebastián Río Hondo.
El reportero de TVBus informó que permaneció retenido durante cerca de 24 horas en el Barrio El Portillo, en la Sierra Sur, donde un grupo de pobladores lo despojó de sus teléfonos celulares y lo amenazó con machetes y otras herramientas de campo.
Gómez Lescas acudió el 2 de septiembre a cubrir una reunión en la que participaba el alcalde municipal constitucional de San Sebastián Río Hondo, Rigoberto Primitivo Ramírez López.
Durante el encuentro irrumpió un grupo contrario a las autoridades presentes y comenzó la retención.
“Levantaron algunos machetes y algunas herramientas que tenían allí en la oficina y me amenazaron”, relató el comunicador.
El periodista señaló que logró evitar que lo golpearan, pero Rigoberto Primitivo Ramírez López sí fue agredido físicamente durante los hechos.
Además del reportero y el alcalde, fueron retenidos Juan Hernández, suplente del alcalde; Juan Domingo Pascual Velásquez, secretario; Cirilo Eduardo Hernández, representante del Barrio El Portillo, e Irma Martínez, esposa de este último.
Gómez Lescas afirmó que durante la retención les quitaron sus teléfonos, les impidieron acudir al baño y permanecieron durante horas sin agua, alimentos ni condiciones adecuadas para protegerse del frío de la Sierra Sur.
“Es una impotencia y una incertidumbre muy fuerte”, expresó el periodista, quien dijo tener alrededor de 25 años ejerciendo el oficio sin haber enfrentado anteriormente una situación semejante.
Tras ser liberado, acudió a la Fiscalía y permaneció ahí hasta aproximadamente las 4:00 de la mañana para presentar formalmente su denuncia.
La querella fue interpuesta por privación ilegal de la libertad y amenazas, y en ella fueron señaladas dos personas como presuntas responsables, explicó.
Desde las primeras horas posteriores a la retención, Gómez Lescas señaló a Efraín Domingo Ramírez Hernández y Mario Efraín Martínez como quienes habrían participado junto con un grupo de pobladores en los hechos.
El periodista informó que ya habló con el fiscal general del estado, quien se comprometió a agilizar la investigación.
“Considero que es importante generar un precedente”, sostuvo al advertir que las prácticas comunitarias no pueden utilizarse para justificar la comisión de delitos ni impedir el ejercicio periodístico.
La retención se produjo en medio de un conflicto político que desde hace meses enfrenta a distintos grupos de San Sebastián Río Hondo por el reconocimiento de autoridades y la distribución de recursos municipales.
El municipio eligió en noviembre de 2025 a Juan Félix Pascual Vargas como presidente municipal para el periodo 2026-2028.
Sin embargo, el 29 de mayo pasado el Consejo General del IEEPCO reconoció como jurídicamente válida la elección de una autoridad comunitaria en la cabecera municipal, aunque estableció expresamente que dicha representación tiene validez únicamente dentro de esa comunidad.
Ese escenario ha derivado en diferencias entre la autoridad municipal y la representación comunitaria, particularmente por el reconocimiento institucional y la entrega de recursos públicos.
La Secretaría de Gobierno intervino el jueves para negociar la liberación de las seis personas y confirmó que el conflicto tenía un origen político interno. El gobernador Salomón Jara Cruz también estableció comunicación con los retenidos mientras permanecían en El Portillo.
Gómez Lescas agradeció esa intervención, pero sostuvo que no es suficiente liberar a quienes son retenidos después de una agresión y pidió construir protocolos eficaces para proteger a quienes realizan labores informativas.
Durante su conferencia también se refirió a la agresión ocurrida este viernes contra reporteros frente a la Secretaría de Movilidad, donde una mujer lanzó la advertencia “acuérdese de su compañero que lo mataron” contra comunicadores que cubrían una protesta de transportistas.
Para Gómez Lescas, ambos episodios reflejan un ambiente en el que ejercer el periodismo comienza a ser respondido con intimidaciones y amenazas.
“Hay que seguir y hay que presionar para que nuestro trabajo sea garantizado”, afirmó.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió seguimiento al caso y solicitó información a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía sobre las acciones implementadas para proteger la integridad del periodista y de las demás personas retenidas.