A todos escandaliza degradación de salario mínimo, menos en México

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero de 2018.- Para nadie es un secreto que el salario mínimo en México es uno de los más deprimidos del mundo, y que es urgente tomar acciones para que éste no solo recupere su poder adquisitivo, sino que se eleve en términos reales.

Aunque el gobierno mexicano ha dicho que tiene la voluntad de que esto ocurra, y ha intentado dar muestra de ello, lo cierto es que este sigue siendo un tema latente y un problema que en el exterior genera también preocupación. Y quizá, eso termine siendo uno de los temas determinantes en la compleja renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En efecto, en el marco de la última ronda de negociación de las posibles nuevas condiciones del Tratado, se dio a conocer que a la petición de sindicatos canadienses de incluir el tema de ajustes salariales en México en el capítulo laboral del TLCAN, se sumó un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes, quienes pidieron al gobierno de Estados Unidos integrar a las discusiones las políticas laborales mexicanas, tanto por los bajos salarios como por la libertad sindical.

De acuerdo con la información, aproximadamente 185 congresistas enviaron al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, una carta en la que aseguran estar preocupados por el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), especialmente en lo que se refiere a las políticas laborales mexicanas.

La supresión de salarios y la falta de derechos laborales tiene como resultado el que haya un outsourcing de los trabajos estadounidenses de manufactura y un bajo crecimiento salarial, explicaron en la carta que enviaron al funcionario estadounidense. Para los congresistas demócratas y republicanos la política de mantener bajos salarios, evitar que las voces de los trabajadores se oigan y proteger a las inversiones es un imán para el crecimiento industrial mexicano. “Cualquier nuevo TLCAN debe tener una fuerte, clara y obligatorias provisiones que agenden condiciones laborales en México”, aseguraron.

Y es que, de hecho, la situación del salario mínimo en México es nada alentadora. Ante la mirada internacional que volteó a México por la implementación de las reformas estructurales, el salario mínimo mexicano también se reveló como el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de los menores en América Latina, en dólares corrientes o constantes.

Su nivel es el 15% del PIB per cápita, frente al 30% en Chile o Brasil, y equivale al 19% de la media salarial nacional; porcentaje muy bajo para la región. Como afirma OIT en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores no calificados”, y según CEPAL “México es el único país al final de la década donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita”.

Salario y justicia social

No hay ninguna seguridad de que la clase política entienda esto, pero el debate sobre el salario mínimo ha marcado al país. Como lo apuntan Juan Carlos Moreno-Brid y Stefanie Garry (http://www.nexos.com.mx/?p=24115), en primer lugar creó conciencia del agudo deterioro que ha tenido por décadas y que le coloca en un monto lejos de garantizar el nivel de vida digno que estipula nuestra Constitución Política como derecho de los y las mexicanas. Su deterioro ha frenado el alza real de los demás salarios y, con ello, contribuido a que hoy el salario del 43% de la población no alcance para comprar la canasta alimentaria básica y a que la participación de las remuneraciones laborales en el PIB de México sea de las menores en la OCDE y en América Latina.

En segundo lugar, en menos de ocho meses el debate conformó una masa crítica y presión política convencida de la necesidad de insertar al salario mínimo en una senda de recuperación acorde con el mandato constitucional, misma que se tradujo en la presentación de tres iniciativas —incluso por el Presidente— ante la Cámara de Diputados para desvincular legalmente al salario mínimo de toda función de unidad de referencia de transacciones ajenas al mercado laboral. Estas fueron dictaminadas positivamente por dicha Cámara y hoy son ley vigente en el país. En tercero, reveló que muchas de las objeciones a colocar el salario mínimo en una pauta de repunte considerable y sostenido tienen poco sustento en la concepción moderna del mercado laboral o en la evidencia histórica comparativa regional. En particular, el debate ha hecho evidente que afirmar que las mejoras en productividad laboral beneficiarán significativa y automáticamente a los receptores del salario mínimo es iluso o falso.

A fin de cuentas elevar el salario mínimo al nivel acorde con la Constitución es una cuestión de respeto a la ley (The Rule of Law), de conducta ética con los trabajadores que menos ganan y de compromiso con la sociedad más igualitaria y la economía más dinámica que debemos y podemos construir en México. Quizás el mayor impacto del debate ha sido hacer patente la desigualdad en el país y su relevancia como un obstáculo al crecimiento económico. Cifras recientes de OCDE indican que la desigualdad ha restado 10 puntos de crecimiento del PIB de México entre 1990 y 2010. Al respecto, el modelo de desarrollo seguido por México en los últimos 30 años ha fracasado en insertar a la economía en una pauta de crecimiento elevado y sostenido de la actividad económica y del empleo. La discusión ha subrayado que este fracaso se ha acompañado de, y en parte se explica por, una dinámica de distribución de los beneficios de la productividad que incluye insuficientemente a los trabajadores, sobre todo a los receptores de salarios mínimos.

Los retos

Reconstruir la dinámica de distribución del ingreso con una orientación más igualitaria hacia los trabajadores, y que fortalezca el mercado interno y lo potencie como motor del crecimiento económico va más allá de la indispensable renovación de la política de fijación de salarios mínimos que tan buena manera sería de dar expresión concreta al objetivo de democratizar la productividad de la actual administración. Requiere un acuerdo nacional en torno a una estrategia de desarrollo en la que, como sostiene CEPAL, la igualdad y el crecimiento económico sean reconocidos como objetivos complementarios e inseparables, en vez de antagónicos y secuenciales como han sido vistos tradicionalmente. Todo esto, en el contexto de la renegociación del TLCAN y la fijación de este como uno de los temas centrales, le dará una nueva dimensión al problema del grave rezago del salario mínimo en México que en todos lados, menos aquí, se reconoce y se dimensiona como algo prioritario.

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