Una nueva política educativa: la relación de los estados con el gobierno

Hoy conmemoramos la expropiación petrolera. ¿Quiénes agacharán sus cabezas por el peso de dar marcha atrás a la política cardenista? ¿Quiénes sonreirán con cinismo al ver hoy su éxito al traicionar a su patria?

OAXACA, Oax., 18 de marzo de 2018.- La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto fue uno de los compromisos del Pacto por México que firmaron la mayoría de los partidos políticos. Su propósito, se dijo, era recuperar el control del Estado sobre el sistema educativo.

Detrás de ese planteamiento estaban otros problemas que empujaban en el mismo sentido: dar marcha atrás al proceso de descentralización de la administración del sistema educativo.

Uno de esos problemas era el incremento de pasivos en los presupuestos estatales que se quería asumiera el gobierno federal, lo anterior, derivaba de las negociaciones que los gobernadores hacían con las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), además de las propias del gobierno federal con la dirigencia nacional de dicho sindicato, la llamada doble negociación.

En el 2013 quedó claro que la reforma educativa respondía a una nueva “ola” de reformas educativas instrumentadas en América Latina que ahora centraba su atención en incrementar la eficiencia de las escuelas.

Estas “olas” iniciaron en los años ochenta con el tema de la calidad de la educación, al que le siguió el de la descentralización educativa, todo lo anterior combinado con nuevas propuestas pedagógicas como la educación por competencias, la evaluación, etc., etc.

En el fondo esta oleada de reformas, permite a los poderosos grupos de capitalistas supranacionales, aplicar sus políticas neoliberales en la región y particularmente en México.

Es más fácil definir las políticas neoliberales por sus efectos: pobreza extrema, desaparición de la clase media, desigualdad en todos los aspectos de la vida social, pero sobre todo en lo económico, privatización de los servicios públicos, precarización del empleo, privatización y explotación desmedida de los recursos naturales, sometimiento de la soberanía nacional a las reglas del capital financiero, en resumen, una nueva forma de esclavitud humana bajo el lema de libertad y democracia.

En materia educativa, la tendencia de las reformas neoliberales imponen una concepción del proceso educativo bajo el principio del concepto industrial de “control de calidad” que implica una clara concepción del resultado que se desea obtener, el estricto control de los elementos que intervienen en la “función de producción” (edificios, muebles, equipo, material didáctico, becas, y sobre todo, personal y el tiempo), con la consecuente reducción del presupuesto público en educación, la garantía de rentabilidad de dicho presupuesto y la flexibilidad del currículum que abarate costos, al grado de fragmentar las profesiones antes liberales bajo el supuesto de la existencia de ciertas competencias básicas y universales.

El énfasis en las formas supuestamente racionales del pensamiento, el dominio de lenguajes de todo tipo, el aprendizaje de las ciencias y las nuevas tecnologías, el auto cuidado, el trabajo en equipo, las virtudes de la disciplina y la tolerancia, perfilan al empleado perfecto; por esta razón se puede afirmar que en el corazón de la racionalidad que orienta las reformas educativas neoliberales, está el sustituir al concepto de ciudadanía por el de empleabilidad para todo proyecto “nacional” que se considere neoliberalmente responsable.

Esta forma de someter al proceso educativo a las necesidades de reproducción del capital, requiere de trabajadores de la educación y de una población que acepten abiertamente un estatus particular para los docentes: el de asalariados y no el de servidores públicos en su condición de profesionales de la educación.

La aceptación de asalariados incluiría a los docentes en la política de precarización del empleo, que no sólo se expresa en bajísimos salarios, sino en la incertidumbre de su permanencia en el trabajo y la drástica reducción de sus servicios de seguridad social.

Las reformas neoliberales dejarían a los docentes en la condición de sujetos “competentes” en el desempeño de una función en la cual son reemplazables, y para la cual el desempeño ideal basta con una sistemática evaluación que los obligue a adquirir las competencias deseables o a aceptar el despido sin ninguna consecuencia para el empleador.

La aplicación de las políticas neoliberales requirió de su adaptación a las condiciones de México y ese fue el papel del Pacto por México, las subsecuentes reformas constitucionales y sus respectivos marcos regulativos.

Está por demás afirmar que debemos revertir estas reformas y retomar un rumbo que fortalezca la soberanía de México su independencia y una política de desarrollo que gradualmente erradique las bases que permiten operar las políticas neoliberales.

En el campo de la educación, eso pasa por el diseño de una nueva política educativa que ponga en el centro, desde la perspectiva de los estados federados, un nuevo marco de relaciones.

Los instrumentos que actualmente determinan la coordinación de los gobiernos de los estado y el federal, están diseñados para un ejercicio vertical y centralizado del poder, en el cual un federalismo participativo, incluyente y equitativo queda fuera. En ese contexto, las cámaras de representantes (diputados y senadores) deberían jugar un papel importante que no juegan y que difícilmente harán debido a la forma en como opera el sistema político mexicano, que se puede calificar con la etiqueta de partidocracia.

Para el caso de Oaxaca la revisión de los términos de la relación estado-federación es importante y preocupante por la confusión que provoca y que repercute en los tratos con la Sección 22 del SNTE.

La forma de negociación entre los dos titulares de la relación laboral (SEP-SNTE), presenta ambigüedades. En efecto, la reforma educativa establece que quienes negocian son los gobiernos de los estados con el SNTE, la SEP aparece como una especie de mediadora en ese proceso.

No obstante, por lo que se ha filtrado, en realidad quienes negocian son la SEP y el SNTE, con la presencia de un “representante” de los gobernadores, hasta ahora  designado por la Conago a solicitud de la SEP, lo cual, además de ilegal no tiene sentido.

La asignación de los recursos federales para la educación a las entidades federativas, es otro de los grandes temas.

Si bien el presupuesto en educación no ha sido reducido en general, su monto esta lejos de ser el porcentaje que establecen las recomendaciones internacionales y las necesidades de la población. Con eso en perspectiva, debe observarse que el incremento real del presupuesto para educación apenas iguala el nivel esperado de la inflación y mantiene una estructura interna inoperante para el desarrollo: 97% del  presupuesto se va al pago de nóminas y el 3% a infraestructura, mantenimiento, equipamiento, innovación, etc.

Me he referido a algunos aspectos de la relación Estados-Federación, pero estoy muy lejos de agotar el tema.

Lo que interesa en la actual coyuntura electoral es tener muy claro lo que se está en juego: la posibilidad de iniciar un cambio de rumbo con el objetivo de favorecer a la población toda, y no a unos cuantos; retomar la construcción de un nuevo proyecto nacional en el que la educación jugará un papel central y sobre todo, redefinir nuestra relación con el mundo en términos de desarrollo humano.

Las anteriores consideraciones se resumen en la necesidad de un federalismo incluyente, equilibrado y constitucional, que en materia educativa:

1. Establezca con claridad la concurrencia estados-federación en la materia, ya sea con una administración centralizada o descentralizada, pero corresponsable en el logro de las metas nacionales y la distinción en el trato de las particularidades regionales.
2. Una definición precisa de quiénes son los titulares de las relaciones laborales en materia educativa.
3. La asignación de recursos para dar satisfacción al derecho a la educación (al menos el 8% de PIB) y un incremento proporcional al grado en que las entidades federativas cumplan con las metas nacionales.
4. Conformar un sistema nacional de información educativa, que permita el diálogo entre estados y la federación mediante mecanismos como los antiguos comités de planeación para el desarrollo, con base en planes nacionales, sectoriales y regionales de obligada participación para las entidades públicas.

No son estas todas las propuestas pero son aquellas que no deben faltar en una nueva política educativa en este aspecto.

Lo anterior, no requiere de reformar la constitución de inmediato, exige sí, modificar sus leyes reglamentarias y asumir el compromiso de una educación al servicio de la grandeza de México.