Una visión Hobbsiana del problema de seguridad

Dosis de Litio

Thomas Hobbes fue uno de los precursores de la teoría del contrato social, uno de los temas fundamentales de la teoría política. El contractualismo tiene su origen en la idea de que las personas de una sociedad primitiva deben pactar, y este pacto es fundacional para una nueva sociedad que busque el orden y algún tipo de justicia. Si bien este último tema es sumamente complejo y requiere un análisis por separado, la idea de lograr una sociedad donde unos y otros no se aniquilen sigue siendo el norte de las sociedades políticas, donde ha quedado atrás el “estado de naturaleza”, una de las ideas centrales en Hobbes, y hemos evolucionado a Estados de derecho, al menos teóricamente. Recordemos que los politólogos usualmente analizamos lo que sucede a partir de las distancias generadas entre las ideas y las realidades; es a partir de esta separación que podemos señalar el avance civilizatorio o no de las unidades de análisis, sean estas países, estados o municipios.

El caso de Michoacán, tras el cobarde asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, invita a reflexionar sobre los alcances del Estado mexicano en materia de seguridad, sobre todo cuando el problema no ha dejado de ser uno de diseño institucional, y considerando que la solución al problema no depende de un solo frente, sino de la articulación de esfuerzos por parte de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Culpar a un solo gobierno de lo sucedido es volver a la historia de agravios que, como país, tanto nos ha costado superar; precisamente ahora que, como ejemplo, se revive la tesis del segundo tirador de Luis Donaldo Colosio, en parte para buscar una explicación más allá de la tesis del asesino solitario que mantiene a Mario Aburto tras las rejas, aun cuando el propio hijo de Colosio, de la edad de quien esto escribe, se ha pronunciado por el perdón y el cierre de un expediente tan ominoso como doloroso para la nación mexicana de los últimos treinta años. En otras palabras, debemos marcar distancia de la conmoción para pensar en términos estructurales.

Carlos Manzo fue privado de la vida, pero antes también fue ejecutado el líder de los limoneros, Bernardo Bravo Manriquez, que había solicitado seguridad para los productores de éste, que solo después del aguacate, es el principal producto del campo de Michoacán. Desde hace años ser limonero o aguacatero en esa zona del país ha representado una serie de riesgos que, en una sociedad de leyes, no deberían existir, y sin embargo el problema sigue ahí: la falta de seguridad equivalente a la ausencia del Estado, ahí donde grupos del crimen organizado imponen su propio orden, pues difícilmente se le puede llamar ley al conjunto de prácticas que los llevan a privar de la vida incluso utilizando menores de edad; situación constante también en estados como Jalisco, pues basta recordar el lamentable caso de los jóvenes secuestrados y obligados a matarse unos a otros en Lagos de Moreno en 2023. Tácticas con referentes claros en el terrorismo de otras partes del mundo, pero que están instaladas en México desde hace varios años, cuando las masacres se hicieron prácticamente cotidianas.

Declararle la guerra al crimen organizado, como lo hizo Felipe Calderón en 2007, después de asumir la presidencia de la República, no fue una estrategia de coordinación con poderes subnacionales. Ejemplo de ello fue el episodio conocido como Michoacanazo, que significó la aprehensión de una decena de presidentes municipales de ese estado por sus presuntos nexos con el narcotráfico, proceso que pasó por alto la autoridad del gobernador que en ese momento era el perredista Leonel Godoy. El proceder de Calderón fue errático, como errática era la estrategia de seguridad al mando de Genaro García Luna. Años después, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, la estrategia siguió diseñando soluciones desde el centro del país, para no aterrizar, o hacerlo accidentadamente, en las realidades muy particulares de Michoacán. Se planeaba sin concretar, mientras aumentaban los homicidios dolosos, y delitos como el secuestro y la extorsión iban al alza.

La falta de coordinación llevó incluso a la renuncia del gobernador priista Fausto Vallejo, y a su reemplazo por una figura sui generis, la que le inventaron a Alfredo Castillo, quien se instaló como gobernador de facto para articular una estrategia con conexión directa a Los Pinos. No importaba la nula experiencia del funcionario (terminó dirigiendo la CONADE) sino la confianza que el presidente en turno le tenía. En todo caso, son escenas de un pasado reciente que dibujan el tenso panorama para articular una estrategia de conjunto en un estado que ha sido dominado por grupos violentos como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, y hoy se encuentra bajo la hegemonía del CJNG.

Por todo lo anterior, volver a Hobbes puede ofrecer lecciones muy interesantes que, aunque fueron escritas hace cinco siglos, dibujan lo esencial de nuestra situación. El Estado no surge de la nada sino de un pacto entre iguales, y los hombres que establecen este pacto son conscientes de que ceder parte de su libertad al Leviatán les permite vivir con seguridad, porque la creación humana está limitando lo que es propio de nuestra especie: el egoísmo, la avaricia, y la desconfianza de unos hacia otros. Se domina así el instinto del miedo y se le reemplaza por la confianza, ya no hacia otras personas sino hacia el Estado, eje rector de la nueva convivencia, pues éste se instala con la capacidad de ejercer la fuerza contra quien rompa el pacto establecido. Parece sencillo, pero a Hobbes lo inspiró una situación imprevista para un país que había avanzado bajo el canon civilizatorio: la guerra civil inglesa del siglo XVII. Aunque Juan sin Tierra había firmado la Carta Magna en 1215, cuatro siglos después la violencia desatada entre realistas y parlamentarios dominó la vida pública, obligando al autor del Leviatán a exiliarse en Francia.

En la teoría de Hobbes: “El deseo de seguridad es … inseparable del deseo de poder, medio actual de conseguir bienes futuros aparentes” (G. Sabine, Historia de la teoría política, 359) y en su obra cumbre afirma que: “la inclinación general de la humanidad entera [es] un perpetuo e incesante afán de poder, que cesa solamente con la muerte” (Hobbes, cap. II).

Una visión Hobbsiana del problema de seguridad pública en México implica rechazar la atribución de culpas por consideraciones de grupo o partido político. Volver a la discusión acerca de nuestro diseño de país, las responsabilidades que competen a los distintos órdenes de gobierno, la falta de profesionalización y fácil cooptación de las policías municipales; analizar a fondo el recorte de recursos federales que antes formaban parte del Fortaseg y que hoy se canalizan a través de otras partidas presupuestales sin poner al centro a los gobiernos locales. Lo ha dicho Grecia Quiroz, viuda de Manzo, a su esposo lo dejaron con tres patrullas inservibles (Entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio).
La situación nacional implica volver a las realidades locales; repensar el problema desde la mirada de un presidente municipal o líder limonero plantándole cara al miedo en escenarios de confrontación directa donde ser autoridad no garantiza nada. En suma, implica no perder de vista la pertinencia del pensador inglés: “Homo homini lupus”, es decir: “El hombre es el lobo del hombre”. Lamentablemente muchos lobos andan sueltos y lejos del centro del país.