Mantiene SSPO activo el Plan de Apoyo a la Población en el Istmo
Oaxaca, Oax. 6 de abril de 2010 (Quadratín).- El coordinador de Pastoral Movilidad Humana de la zona sureste del Episcopado Mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, afirmó que el secuestro de personas migrantes en México, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades, se ha convertido en sistemático y generalizado.
Esta situación de secuestros, ha adquirido las características de una verdadera tragedia humanitaria, pues se violan todos los derechos humanos, afectando no sólo a las víctimas sino también a sus familias y a sus comunidades, señaló
A través de un comunicado, el sacerdote de Ciudad Ixtepec dio a conocer los resultados de la audiencia pública sobre el tema durante el 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuada el 22 de marzo pasado, en la ciudad de Washington.
El documento informó que el secuestro de nueve mil 758 migrantes, principalmente centroamericanos, durante un periodo de seis meses —según estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)—, resulta una cifra escalofriante y por tanto, el Estado mexicano debe redoblar esfuerzos para prevenir esta situación.
El también fundador del albergue Hermanos del Camino, expuso que este problema ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil desde hace tres años, pero no ha existido ninguna reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad, explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.
Añadió que las y los defensores de los derechos humanos de los migrantes y las migrantes continúan siendo criminalizados y puestos en condiciones de extremo riesgo al no garantizárseles mecanismos de seguridad para desarrollar labores de defensa y representación legal.
En el comunicado, Solalinde Guerra expuso que la delegación del gobierno mexicano, durante la audiencia pública, no contestó la información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil, y rechazó los calificativos expresados sobre graves violaciones a los derechos humanos y de tragedia humanitaria, pero no aportó ningún argumento para demostrar lo contrario
Por lo anterior, Solalinde Guerra consideró que el Estado mexicano no debe sólo intervenir con medidas policíacas sino ejecutar una política integral con los tres órdenes de gobierno para brindar acciones de prevención y de atención integral a todas las problemáticas derivadas de esta grave violación a los derechos humanos.