Aceptan autoridades de Oaxaca recomendación por San Juan Copala

Oaxaca, Oax. 17 de octubre de 2010 (Quadratín).- Cinco dependencias del gobierno de Oaxaca y el Ayuntamiento de Santiago Juxtlathuaca aceptaron la recomendación emitida por la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos por el conflicto en San Juan Copala.
En entrevista con Quadratín, Heriberto Antonio García, presidente de la Comisión mencionó que con la aceptación de esta recomendación se espera que la situación en esta comunidad se vaya normalizando paulatinamente.
“Son ya dos ciclos escolares que se pierden, no hay clases y tampoco hay servicios médicos, pero además del éxodo que ha provocado la violencia”, expuso el ombudsman, quien otorgó su voto de confianza a las autoridades luego de la aceptación de la recomendación.
La Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) emitió la recomendación 31/2010 por violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la educación, a la salud y otras más por la situación en San Juan Copala.
Dicha recomendación fue dirigida a la Secretaría General de Gobierno, a la secretaría de Seguridad Pública, a la secretaría de salud, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al municipio de Santiago Juxtlahuaca.
La recomendación pide a la Secretaría General de Gobierno realice todas las gestiones pertinentes para lograr acuerdos entre las tres organizaciones que existen en la región triqui, que permitan se restaure el orden, la paz social y la convivencia armónica entre sus pobladores.
Al secretario de Seguridad Pública, se le recomienda adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes de los habitantes de la región triqui, así como el libre tránsito, a efecto de evitar nuevos hechos de violencia.
Además, que por medios legales, gire instrucciones a los agentes estatales de investigación que tienen a su cargo la ejecución de las órdenes de aprehensión relativas a delitos cometidos en la región triqui, a fin de que se ejecuten dichos mandatos, agotando para ello todos los medios que estén a su alcance, en coordinación con los ofendidos y víctimas del delito.
“Si dentro del pazo concedido en la presente recomendación no se ejecutaran los mandatos aprehensorios de referencia, se inicie y concluya Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables de su cumplimiento, imponiéndole las sanciones que resulten aplicables, salvo el caso de que la naturaleza de los mismos impidan material o jurídicamente su ejecución dentro del término señalado”.
En su caso, la CDDHO pide que remitan las constancias que así lo demuestren fehacientemente. También se pide brindar seguridad al personal médico y educativo asignado a la zona de conflicto para que puedan restablecer dichos servicios.
A la Procuraduría de Justicia de Oaxaca se le pide que gire sus instrucciones a los fiscales del Ministerio Público para que integre la investigación de los hechos relacionados con la violencia en la zona, a fin de que se determinen dichos procedimientos en el plazo de 30 días hábiles.
“De no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes”, señala el documento.
Antonio García confió en que esto siente las bases para tratar de disminuir la tensión en esta zona y que las autoridades hagan lo conducente para restablecer la normalidad en esta parte de la región triqui, que ha dejado en dos años 37 personas fallecidas.
Entre ellas, los activistas finlandés Jiry Jakoola y mexicana, Beatriz Cariño, quienes perdieron la vida durante la emboscada a la caravana donde viajaban con un grupo de integrantes de diversas organizaciones, sin que el hecho haya sido aclarado hasta ahora.