Cambio climático y Convenio 98 de la OIT

MÉXICO, DF, 7 de diciembre de 2015.- En esta ocasión, queremos aprovechar este espacio para tratar dos temas de gran relevancia para el sector empresarial y para México, que coinciden en el debate público en este momento.

El primero es la COP21, que ha tenido una enorme repercusión, sin precedentes por el nivel de participación: reunió a más de 150 jefes de Estado, confirmando que existe convergencia sobre la necesidad de hacer mucho más de lo hasta ahora se ha realizado frente al cambio climático; de que ya no se pueden seguir postergando las respuestas y la corresponsabilidad efectiva.

En México no podemos menospreciar el desafío. Existen estudios que indican que somos el país más afectado en cuanto a la intensidad del aumento de la temperatura, casi el doble que el resto.

El Presidente Enrique Peña Nieto participó en la ceremonia de inauguración, así como en un panel sobre precio del carbono. Ratificó la adhesión de nuestro país a la iniciativa Mission Innovation, por la cual varias naciones se comprometen a impulsar fuertemente la energía limpia.

Se está pidiendo el compromiso de duplicar en cinco años, a nivel mundial, la inversión pública y privada en investigación y desarrollo en la materia.

Al corte de grabar esta emisión de La Voz, estamos confiados de que habrá un nuevo tratado, que deberá hacer vinculantes los compromisos para que la temperatura global no varíe más de 2 grados centígrados, indispensable para evitar riesgos de devastadoras consecuencias.

El sector empresarial, a nivel internacional, está confluyendo en torno a una serie de prioridades: metas más ambiciosas y de largo plazo; objetivos intermedios que confirman una tendencia irreversible hacia una nueva economía de bajo carbono, con revisiones incrementales de los compromisos y las metas, actualizables cada cinco años; y medidas que reduzcan el riesgo y favorezcan la inversión en las nuevas tecnologías; mecanismos robustos de financiamiento y adaptación.

La inversión mundial anual en energías renovables se ha incrementado en 500% en los últimos 10 años, para llegar a 300 mil millones de dólares. Si se firma un tratado que aporte los incentivos apropiados de largo plazo, se considera que pueden multiplicarse por 10.

México no debe ni va a quedar a la zaga en esta transición, que tiene que ver con una responsabilidad puntual con nuestro tiempo, pero también con oportunidades para el desarrollo nacional. Tenemos la convicción de que, en los próximos cuatro años, se harán inversiones multimillonarias en energías renovables, para incrementar en ese lapso la capacidad instalada para estas fuentes en casi mil 800 por ciento.

México puede y debe tener un papel ejemplar en este esfuerzo mundial, a través de un mayor fomento por parte del gobierno, que sea claro y decidido, impulsando grandes proyectos de generación con energías renovables, así como de generación distribuida. Un factor clave es apoyar a la industria en los procesos de adaptación y reconversión, para que pueda mantener su productividad y solvencia financiera y operativa.

Estamos ante un proceso complejo y que se extiende a un largo plazo; implica grandes esfuerzos tanto en el sector público como en el privado. Es un frente en el que el sector empresarial mexicano, más allá de diferencias que puedan existir en cuanto a estrategias y formas de abordar el desafío, comparte el compromiso de ser parte de la solución, equilibrando corresponsabilidad ante el cambio climático y competitividad industrial y económica.

El otro tema sobre el que queremos asentar una postura es el de una eventual ratificación del Convenio 98 de la OIT, que consideramos contraria a los intereses nacionales. Nos preocupa que pueda confirmarse, porque puede suscitar un rompimiento de los equilibrios y la paz laboral, así como mermar la productividad. Constituiría un estímulo a la simulación en la celebración de los contratos colectivos.

El Consejo Coordinador Empresarial no puede dejar de manifestar su inconformidad con la suscripción de este convenio.

La legislación vigente en México ya cubre amplia y fundamentalmente el principio de protección al derecho a la sindicación y de negociación colectiva. No obstante, la estructura sindical en México y el marco jurídico actual son incompatibles con el Convenio.

La experiencia en la aplicación de este Convenio por parte de otros países ha sido una constante fuente de quejas y extorsiones, incluso ante la misma OIT.

En otros países ha dado pie a que se emplace a juicio a cualquier empleador para firmar contratos colectivos y permite que se establezcan, en la misma empresa, sindicatos sin jurisdicción de actividad, lo que ha demostrado ser un factor de caos en las relaciones laborales. Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, no lo ha ratificado.

Asimismo, el Convenio es contrario a Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha sostenido que es garantía constitucional el pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a una organización sindical. Permitiría que sindicatos sin representatividad entre los trabajadores interfieran indebidamente en la administración de las empresas, además de que habría fueros injustificables.

Las micro y pequeñas empresas, que generan el 85% del empleo del país, podrían ser las más afectadas, al verse forzadas a celebrar contratos colectivos con sindicatos que no representan a sus trabajadores, sin beneficio alguno para estos, y generando costos adicionales

La ratificación del Convenio traería consecuencias negativas para los trabajadores, incluso en términos de sus derechos básicos.

El exhorto a la Cámara de Senadores es claro: analizar de manera responsable las implicaciones y, en ejercicio de sus atribuciones, salvaguardar la paz laboral y la productividad de nuestro país, que es un ejemplo a nivel mundial en materia de conciliación laboral.