Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Sindicatos: abaratar mano de obra
+ A cambio de proteger a los líderes
México, D.F. 01 de octubre de 2012 (Quadratín).- Como si hubiera sido una estrategia planeada, el saldo de la aprobación de la reforma electoral calderonista en la Cámara de Diputados salió bien: asustados por la amenaza de regular el funcionamiento de los liderazgos sindicales, los líderes aceptaron sacrificar a los obreros y abaratar la mano de obra.
Así, los todopoderosos y eternos líderes sindicales seguirán sin entregar cuantas a nadie, mientras los obreros habrán de pagar los platos rotos con una disminución efectiva de sus beneficios y prestaciones y un aumento en la explotación. Por ello fue que las protestas en las afueras del Palacio Legislativo disminuyeron cuando se supo que la alianza PAN-PRI y el voto de un diputado del PT habían salvaguardado el funcionamiento de la estructura mafiosa de dirigencias sindicales.
Por tanto, la reforma laboral aprobada en una de las dos cámaras no fue reforma estructural sino apenas un mecanismo de política económica estabilizadora; su efecto sobre la producción será menor porque no le entra al tema de la capacitación y porque introduce la incertidumbre en el trabajo; y nada beneficiará a la productividad porque disminuye salarios y prestaciones y aumenta el control político de los jefes sindicales sobre las masas trabajadoras.
Una verdadera reforma laboral tendría que reorganizar todo el sistema productivo, no sólo abaratar la mano de obra. En la iniciativa presidencial no había ninguna nueva obligación para los empresarios, cuando el tema central de la globalización y el tratado de comercio libre en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari era precisamente la baja competitividad por la nula inversión empresarial en capacitación, la mafiosa estructura educativa organizada para beneficiar al SNTE y la intención de los líderes sindicales de mantener a los obreros con escasa formación profesional para impedir las rebeliones.
Los beneficiarios de los reacomodos en la Ley Federal del Trabajo serán los empresarios, porque de alguna manera dieron marcha atrás a los mecanismos de protección del trabajador que regímenes priístas anteriores les habían donado como conquistas laborales y que regímenes priístas posteriores les ajustaron a la realidad.
El problema en sí no se localizaba en si el costo de producción-precio al consumidor se veía afectado por algunas prestaciones consideradas improductivas sino en el hecho de que el viejo PRI había convertido a los trabajadores organizados en sindicatos controlados por el PRI en uno de los factores de estabilidad social.
En realidad, el asunto central estaba ubicado en el hecho de que a la iniciativa presidencial y al debate legislativo conducido por el PRI la semana pasada les faltó un verdadero diagnóstico productivo, social, político y sindical del sistema de producción. Y como asunto adicional, el debate de la iniciativa laboral también careció de una fundamentación real sobre el efecto económico de la subcontratación, el despido y el empleo temporal en la economía.
Y por si fuera poco, lamentablemente ni la coalición centrista-neopopulista-izquierdista se preocupó por realizar un análisis estructural del salario, su composición, el gasto, porque al final de cuentas el salario del obrero se explica sólo en su referencia con el gasto. Por eso el viejo PRI construyó un edificio de prestaciones para el trabajador al margen de la masa salarial y sí en tiendas y productos a costos menores a los especulativos del mercado.
El mundo laboral se compone del binomio salario-utilidades y la relación de dependencia recíproca conforma la relación obrero-patronal. Y el punto dinámico de la relación se centra en el espacio de negociación de la relación laboral: el sindicato o el gobierno en unidades productivas en las que no existen sindicatos. De ahí la importancia de la iniciativa original de transparentar el mecanismo de las dirigencias sindicales, las cuotas, las elecciones de líderes y la rendición de cuentas. Al final, la iniciativa laboral benefició a los empresarios porque el ahorro con las reformas se convertirá en utilidad adicional, en detrimento de los beneficios a los trabajadores.
La reforma laboral, por tanto, debió de haberse negociado fuera de los espacios legislativos y enviada a su aprobación al Congreso luego de haber sido debidamente planchada. Era obvio que la comisión del trabajo de la Cámara aplastaría –como fue– la intención de democratizar las dirigencias sindicales si la mayoría de sus miembros son diputados del PRI y al mismo tiempo líderes sindicales; y en el PRD los liderazgos corporativos del SME, el STUNAM, el de Telefonistas y la UNT reproducen los vicios del modelo de Fidel Velásquez, a pesar del papel crítico del viejo Partido Comunista Mexicano –venero del PRD– en la lucha contra el charrismo sindical en el periodo 1956-1968.
El problema del saldo de la iniciativa laboral aprobada será negativo en el aspecto de estrategia política: evitará cuando menos todo el próximo sexenio cualquier otro intento de reforma de los liderazgos sindicales y con ello evitará la reforma de uno de los sectores fundamentales que tiene que ver con la competitividad y la producción: los liderazgos sindicales improductivos que reproducen la estructura sindical del porfirismo contra el que se forjó el constitucionalismo revolucionario laborista.
En este contexto, el sindicalismo priista volvió a ganarle otra batalla a la modernización política, social y productiva: mantener los privilegios de sus líderes y estructuras de control político del obrero, a costa de aumentar la explotación de la mano de obra.
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Foto:Ambientación