Carlos Ramírez / Indicador Político / Human Rights Watch, complicidades

Oaxaca, Oax. 21 de marzo de 2013 (Quadratín).- La organización Human Rights Watch (HRW) circuló recientemente su reporte sobre los desaparecidos en México dentro de la lucha contra el crimen organizado, pero se olvidó que en el 2008 fue una de las agrupaciones que avaló la Iniciativa Mérida México-EU para aumentar el combate contra los cárteles y en cuyo contexto se dieron las presuntas violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con una recopilación del investigador Primitivo Rodríguez Oceguera, la organización HRW juega “el papel de juez y parte” en la guerra contra el narco que han llevado en territorio nacional los gobiernos de México y de los Estados Unidos”: denuncia violación pero fue aval del proyecto que autorizó a México a combatir con la fuerza al crimen organizado.
El punto clave del asunto se localiza en el papel que desempeñó la Iniciativa Mérida, un acuerdo firmado por los presidentes Calderón y George W. Bush el 30 de junio del 2008 para avalar la decisión mexicana de lanzar una ofensiva contra los cárteles de la droga que se habían apoderado de espacios territoriales de la soberanía del Estado mexicano y habían invadido los EU.
La Iniciativa estableció apoyos en infraestructura hasta por mil 400 millones de dólares, incluyendo compromisos formales del gobierno mexicano. Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado por Sonja Wolf, para una colección de libros de El Colegio de México, “la medida ya no obliga al gobierno mexicano a procesar a los soldados en tribunales civiles, reduce el financiamiento sujeto a condicionamientos en materia de derechos humanos de veinticinco a quince por ciento y pide al Departamento de Estado que redacte su informe con la participación de México”.
En este contexto se localiza la participación activa de HRW a favor de la Iniciativa Mérida. El investigador Rodríguez Oceguera aporta a su indagación el texto íntegro de la carta impulsada por HRW y apoyada por importantes organizaciones de derechos humanos –entre ellos Amnistía Internacional– y dirigida a congresistas para pedirles la aprobación del acuerdo. Lo paradójico del asunto fue que esas organizaciones buscaban condicionar los recursos a compromisos formales de México en defensa de los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado, pero la Iniciativa en realidad se desentendió de esos puntos; al final, las organizaciones de derechos humanos quedaron como avales del acuerdo binacional.
Los EU estaban bastante preocupados por el cruce fronterizo de los cárteles mexicanos y su asentamiento en ciudades estadunidenses. El acuerdo en principio se estableció en un comunicado binacional México-EU de marzo de 2007, durante la visita a México del presidente George W. Bush y finalmente aprobado un año después. El tema más sensible fue una especie de condicionamiento estadunidense para imponerle a México puntos concretos en materia de derechos humanos, pero al final México pudo dejarlos al margen.
A pesar de que el documento sometido a la aprobación del Congreso en mayo de 2008 ya había excluido el tema de los derechos humanos, HRW y otras ONGs firmaron una carta para apoyar la Iniciativa e insistir en la presencia de organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de los programas de lucha contra el narco, en el traslado de la justicia militar a tribunales civiles dentro de la lucha y la exclusión de la tortura en las investigaciones; pero ya para entonces, los EU habían aceptado disminuir la condicionalidad en la Iniciativa.
En el fondo, HRW, Amnistía Internacional y otras organizaciones dejaron su aval a la Iniciativa a pesar de la falta de condicionalidad estadunidense. De ahí la existencia de una corresponsabilidad de esas organizaciones en los saldos de violación de derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado en México dentro del contexto de la Iniciativa Mérida. Lo grave del asunto fue que HRW, AI y otros grupos –entre ellos el Centro Miguel Agustín Pro, Cencos y personalidades como Lydia Cacho– participaron en el cabildeo de la Iniciativa Mérida y nunca se deslindaron del documento final que excluyó el tema del respecto a los derechos humanos como condición.
Al final, los gobiernos de George W. Bush y ahora de Barack Obama le dieron prioridad a la lucha contra los cárteles sin responder a sus propios compromisos de detener el lavado de dinero, disminuir el consumo de droga y disminuir el tráfico de armas. La Iniciativa Mérida se asentó sólo en el combate a los cárteles que había ya penetrado algunas en el territorio estadunidense.
En este contexto es el que el investigador Rodríguez Oceguera estableció la corresponsabilidad de HRW, AI y organizaciones mexicana de derechos humanos en el saldo negativo en materia de derechos humanos, sobre todo en el tema de los desaparecidos en ese contexto. Los desaparecidos y afectados colaterales en la lucha contra el narco fueron también producto de los compromisos de la Iniciativa Mérida de afectar a los cárteles.
HRW sabía las complicaciones. El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, declaró el 24 de octubre de 2007 su apoyo a la Iniciativa Mérida, a pesar de que se perfilaba como un Plan Colombia para México: “ayudar a México a enfrentar sus brutales cárteles de la droga es una buena idea. Darle un cheque en blanco a sus fuerzas de seguridad no lo es”. Sin embargo, el apoyo a la Iniciativa por parte de HRW se mantuvo a pesar de que no hubo condicionalidad estadunidense a México en materia de derechos humanos, lo que de todos modos hizo ver la condicionalidad como una forma de intervencionismo en asuntos mexicanos.
Lo grave para HRW, AI y organizaciones locales de derechos humanos fue el hecho de que su apoyo vía una carta dirigida a los representantes David R. Obey, del Comité de Gastos, y Nita M. Lowey, del Subcomité de Operaciones Ajenas, radica en el hecho de que la Iniciativa Mérida forma parte justamente de las críticas de esos grupos por el efecto negativo en la violación de derechos humanos.
De ahí que HRW no sólo debe denunciar casos de desaparecidos sino disculparse por haber avalado un acuerdo que aumentó los casos de violación de derechos humanos.
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