Comunidades afectadas exigen frenar proyecto hidroeléctrico ecocida en Oaxaca

Oaxaca, Oax., 22 de diciembre de 2011 (Quadratín).- Comunidades afectadas desaprueban el proyecto original de conversión en hidroeléctrica de la presa Cerro de Oro y el proyecto alternativo propuesto por las empresas Comexhidro, Electricidad Oriente y Conduit Capital Partners, LCC., al no contar con información suficiente y confiable sobre la seguridad de la presa y los impactos ambientales, sociales y económicos de la obra.
Las empresas se comprometieron a respetar la decisión final de las comunidades en los acuerdos logrados en un proceso de diálogo llevado a cabo durante el 2011. Sin embargo, no han cumplido.
Dado que el acuerdo fue firmado y testado por el Estado mexicano en cumplimiento con la Constitución y los tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está obligado a garantizar el derecho a la consulta y consentimiento informado de las comunidades.
El 30 de noviembre de 2010, tres comunidades afectadas por el proyecto de conversión de la presa Cerro de Oro en hidroeléctrica, Santa Úrsula y Paso Canoa, localizadas en el municipio de Tuxtepec, y Cerro de Oro en el municipio de San Lucas Ojitlán, interpusieron una demanda a la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC, (Overseas Private Investment Corporation), principal financiadora del proyecto. Lo anterior debido a que las empresas no habían cumplido con los estándares mínimos de desempeño a los que están sujetas; es decir, negociaron de manera turbia los títulos de arrendamiento de tierras, permisos y derechos, ocultaron información sobre el proyecto a los pobladores y excluyeron del proceso a avecindados y a algunas comunidades.
Las obras se iniciaron en 2010 sin informar, consultar y obtener el consentimiento de todas las poblaciones afectadas, lo que dañó una importante fuente de agua potable en la región: el Arroyo Sal. Hecho que además violó leyes mexicanas e internacionales de protección al medio ambiente, agrarias y a derechos de los pueblos indígenas.
A partir de la demanda se logró detener la obra. Las comunidades y las empresas iniciaron un proceso de diálogo mediado por la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC. El 11 de marzo de 2011 se acordó que se contrataría a un experto independiente para analizar las condiciones de seguridad de la presa y las afectaciones del proyecto original al Arroyo Sal. Mientras tanto, como parte del acuerdo, las empresas prepararían un proyecto alternativo que evitaría el uso y afectación del mismo; y una vez presentado, acatarían la resolución de las comunidades.
Los resultados presentados a las comunidades por el especialista el 12 y 13 de noviembre pasados, no esclarecieron las dudas de la población. La metodología usada causó controversia desde su presentación y mermó la credibilidad de los resultados. Las conclusiones del experto derivaron de un examen superficial que no explica la presencia de factores de riesgo, tales como el crecimiento de árboles y arbustos en la cortina de la presa producto de la falta de mantenimiento que debería realizar Conagua.
Las conclusiones tampoco consideran datos actualizados de la medición de los instrumentos, mismos que vigilan el funcionamiento de la presa, y que de acuerdo a declaraciones del investigador, gran parte de ellos no se encuentran en operación y tendrían que ser actualizados por Conagua. A su vez, las comunidades han pedido formalmente a Conagua que informe respecto a la situación actual de dichos instrumentos pero hasta ahora no han recibido respuesta alguna. A esto se suma que hasta la fecha ni Conagua ni el experto han podido corroborar que la cantidad de sedimento de la presa esté por debajo de los niveles permisibles.
La mediación de la Oficina de Rendición de Cuentas de la OPIC ha finalizado. Ahora toca a las autoridades mexicanas federales y de Oaxaca hacer valer los acuerdos y respetar la decisión de las comunidades. Es claro que de autorizar que la obra continúe sin antes realizarse nuevos estudios profesionales, serios y objetivos de impacto ambiental y social, se estaría poniendo en peligro la seguridad de las poblaciones locales, los recursos naturales de la nación y la legitimidad del Estado como garante de los derechos de los habitantes del país.
Las comunidades afectadas han declarado reiteradamente que no están en contra de nuevos proyectos y obras que generen electricidad, pero sostienen que estos deben realizarse con pleno cumplimiento de las leyes y reportar beneficios permanentes a las comunidades y a la región.