Evalúa TSJ instrumentación del nuevo sistema de justicia penal en Oaxaca

OAXACA, Oax. 8 de julio de 2015.- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Oaxaca, Alfredo Lagunas Rivera, ofreció este martes una conferencia de prensa para informar sobre el avance de la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad.

Para los interesados en el tema, el texto que sigue es la versión estenográfica de su participación:

En el marco de la transformación hacia el perfeccionamiento de un estado democrático de derecho, han sido convocados a efecto de conocer de primera mano una evaluación de lo que ha significado la implementación de un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio

Oaxaca primer Estado en implementar

Es indispensable destacar que Oaxaca fue la primera entidad de la República que le apostó a la transformación de este sistema de justicia, al conformar una comisión de expertos en la materia de las distintas instituciones involucradas en el sistema de justicia, para la elaboración de un anteproyecto de ley que concibiera al proceso penal ceñido a un profundo respeto a los derechos humanos reconocidos tanto en el orden constitucional, como en los tratados internacionales, resultando de dicho ejercicio la elaboración de lo que hoy conocemos como nuestro Código Procesal Penal, que fue aprobado el 9 de septiembre del año 2006, cuyos efectos de vigencia se establecieron para el año 2007.

Oaxaca referente en la transformación nacional

Lo anterior, sirvió de base o fundamento para que otras Entidades retomaran los postulados reconocidos por los juristas oaxaqueños, como fue el caso de Chihuahua y Zacatecas. Así, estos tres Estados, se anticiparon a la reforma Constitucional del 18 de Junio de 2008, conocida como la reforma de “Seguridad y Justicia” con lo que se reconoció el aporte de los Estados para lograr el movimiento de estructuras y la ruptura de paradigmas en el sector justicia, al haberse elevado a nivel constitucional las reformas sobre el procesamiento penal que regían anticipadamente en algunos Estados como Oaxaca. Esta situación implicó el empuje con mayor fuerza para la consolidación de un nuevo sistema de justicia penal.

Un nuevo sistema basado en el respeto a los derechos humanos

Sin embargo, es fundamental reconocer que la transformación no fue de meros ritualismos o formalidades, sino que se basó en el respeto a los derechos humanos que han sido reconocidos en los diversos tratados internacionales de la materia, dando como resultado la adopción más purista de un sistema de corte acusatorio, que como se ha señalado anteriormente ha servido de brújula para la implementación en el resto del País.

Beneficios a la ciudadanía

Como consecuencia de la adopción de esta política pública, la ciudadanía obtuvo beneficios directos al enfrentar ahora procesos más ágiles, transparentes y justos, lo que permite afianzar la confianza en las instituciones inmersas en el drama penal. Adicionalmente, se genera una cultura basada en la solución del conflicto, a través de los mecanismos que el mismo sistema establece para tal fin, pues se reconoce que el fin primordial del sistema de justicia penal, no es sancionar a una persona imputada, sino buscar en la medida de lo posible la solución del conflicto surgido por la comisión de un delito, privilegiando sobremanera la obtención de la reparación del daño para las víctimas.

Es por ello que la presunción de inocencia, permite ahora enfrentar en la mayoría de los casos el proceso en libertad, salvo supuestos de considerable gravedad para los cuales será justificable la prisión preventiva. Lo que en ningún caso debe traducirse en impunidad, sino por el contrario generar conciencia que estas son las implicaciones derivadas de un debido proceso, respetuoso de uno de los mayores valores del ser, que es precisamente la libertad.

El cambio implica transformación de estructuras y paradigmas.

Pero para que todo esto fuera posible, se requiere de cambios estructurales tanto en la legislación local, como en la organización de las instituciones, que nos permitan una operación más eficaz para la mejora continua del servicio a la ciudadanía, esto implica en vía de consecuencia generar un efectivo y fácil acceso a la justicia para lograr los fines de una armoniosa convivencia social.

De igual manera, los cambios estructurales implican la ruptura de paradigmas generados desde 1917, lo cual se puede lograr a través de procesos de formación y capacitación de los nuevos operadores del sistema de justicia como son Jueces, Magistrados, Fiscales, Defensores y Policías.

Pero no solamente a los operadores, sino también a la ciudadanía en general, para generar una adecuada comprensión de las implicaciones del nuevo sistema de justicia penal, siendo que en este rubro los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la transformación del sistema, pues son el conducto natural para que la sociedad conozca los beneficios directos que origina este cambio paradigmático.

Los avances del Estado en la implementación

Por esta razón, es imprescindible hacer un balance respecto de los avances que se han generado en la implementación del sistema de justicia acusatorio, para que la sociedad tenga conocimiento inmediato de los esfuerzos colectivos que se han realizado para la adecuada operación de la reforma penal.

a).- En cuanto a la implementación, hoy por hoy tenemos una cobertura total del 55% del territorio estatal bajo la vigencia del sistema acusatorio, pues desde el año 2007 se dio inicio a este proyecto en la región del istmo, para avanzar en el 2008 en la región Mixteca, en el 2012 en la región de la Costa y en el año 2013 en la región de la Cuenca.

b).- Se han capacitado de 2011 a 2014 a un total de 1,712 operadores del sistema de justicia penal, entre Magistrados, Jueces, Defensores, Fiscales y Policías, teniendo como meta para este año lograr un número similar, para lo cual se diseñó un plan maestro de capacitación y al termino contaremos con otros 1,733 nuevos operadores capacitados.

c).- Para lograr un adecuado acceso a la justicia, se han integrado a un padrón para la atención de comunidades indígenas a intérpretes de las distintas regiones del Estado donde opera actualmente el nuevo sistema de justicia penal (19 externos y 45 internos).

Inversión generada para la implementación

Para lograr todo lo anterior, se ha realizado una inversión por parte de la Federación y del Estado de $116,141,870.65 que han sido utilizados en los distintos ejes necesarios para su operación, es decir, en la planeación, capacitación, difusión, mobiliario y equipamiento tecnológico. Con todo y esto, los recursos no han sido suficientes para el desarrollo de infraestructura propia para las instituciones involucradas en el nuevo sistema de justicia penal.

Centros de Justicia

Por ello, el nuevo reto es desarrollar infraestructura para tal fin, por lo que se han gestionado recursos ante la federación por un monto aproximado de $630,057,263.00 con los cuales se dará el avance de mayor envergadura en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Al ejecutarse un proyecto transversal de obra pública, para contar por primera vez con diez centros de justicia distribuidos a lo largo y ancho del Estado, los cuales albergaran a todas las instituciones involucradas en el nuevos sistema de justicia penal, como son los Ministerios Públicos, Agentes Estatales de Investigación, Peritos y personal administrativo de la Procuraduría General de Justicia; los Defensores Públicos y personal administrativo de la Procuraduría para la Defensa del Indigena y Grupos Vulnerables; Jueces y personal administrativos del Poder Judicial del Estado; así como personal de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública.

Tales centros de justicia otorgaran servicios integrales en una sola sede a la ciudadanía, lo que permitirá reunir a todas las instituciones en un mismo lugar para eficientar el servicio de procuración y administración de justicia.

El Consejo de Coordinación, pieza clave en la implementación.

Todo lo anterior ha sido posible con el empuje decidido de los tres poderes del Estado, materializado en los consensos generados a través del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en la Entidad, que hoy me honro en presidir y que ha sido fundamental para el establecimiento del sistema de justicia acusatorio como una verdadera política pública.

Gracias