Instalan el Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial en Oaxaca

OAXACA, Oax. 22 de marzo de 2014 (Quadratín).-Único en su tipo a nivel nacional, este viernes  en el marco del  208 aniversario del natalicio de Benito Juárez los tres Poderes del Estado instalaron en Oaxaca el Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial, órgano especializado en conocer de las controversias derivadas de la Cuenta Pública del Estado y municipios así como de las observaciones hechas a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El gobernador Gabino Cué Monteagudo junto con el encargado de la presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez y el presidente de la mesa directiva del Congreso Local, diputado Jesús López Rodríguez; presidieron el acto solemne y toma de protesta de los magistrados integrantes de la máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización, además de cortar el listón inaugural de su sede oficial.

En su intervención, el mandatario estatal puntualizó que la prioridad de su gobierno es que la cultura de la justicia y la legalidad sean el sustento de la vida democrática de Oaxaca, sentando las bases de un estado más justo, más próspero y con mayores oportunidades de desarrollo. Afirmó que la instalación de este órgano jurisdiccional representa un avance en la prevención y combate de la corrupción, a través de la supervisión de los actos de los entes fiscalizables.

Por su parte, el magistrado Pinacho Sánchez, señaló que la administración de los recursos públicos da lugar a beneficios sensibles para la sociedad, cuando se ejerce de manera responsable, o es motivo de irritación y protesta social, en caso contrario; por ello, la judicialización de la rendición de cuentas constituye el mecanismo más idóneo para transparentar, explicar y justificar el ejercicio de los recursos públicos.

Destacó que la base ideológica en la que descansa la fundación del Tribunal de Fiscalización, atiende al sentido social que debe tener el ejercicio de los recursos públicos por lo que su misión es defender el derecho a la gobernabilidad bajo la lupa de la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

“La democracia del cambio se vive desde el Poder Judicial, porque podemos contribuir a la gobernabilidad del Estado a partir de la razonabilidad de nuestros actos y la prudencia de nuestras decisiones”, dijo.

El encargado de la presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia, tomó protesta a los integrantes del órgano jurisdiccional y les exhortó a cumplir con probidad su labor haciendo referencia al apotegma de Don Benito Juárez que señala que “bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, ni pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes”.

A la ceremonia asistieron el senador Benjamín Robles Montoya; el diputado federal Hugo Jarquín; del titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, diputados locales, magistrados de los tribunales especializados así como consejeros de la Judicatura y servidores públicos del Poder Judicial, entre otras personalidades.

Eligen a presidente del Tribunal de Fiscalización

Posteriormente, en sesión de Pleno, los integrantes del Tribunal de Fiscalización eligieron al licenciado Tomás Quiroz Robles como magistrado presidente; al licenciado Julián Hernández Carrillo y la doctora María Elena Villa de Jarquín como magistrados propietarios; así como a los licenciados Adrián Quiroga Avendaño, María Mayela García Maldonado y Frida Jiménez Valencia, como magistrados suplentes.

Tomás Quiroz Robles es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, cuenta con especialidades en Justicia Federal y Derechos Humanos, además de desempeñarse como funcionario del Poder Judicial Federal y Estatal durante 30 años consecutivos.

Cabe señalar que el Pleno del Tribunal de Fiscalización podrá emitir acuerdos generales encaminados a mejorar las buenas prácticas de la Auditoría y los entes fiscalizables derivados de la resolución de los asuntos de su competencia, en los que se advierta una afectación a la cultura de la rendición de cuentas.