Papa-43-CIDH-Icaza: la conexión argentina

Indicador Político

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2016.- Más que la no-sorpresa por concluir lo que ya habían concluido en un reporte anterior y reiterado decenas de veces, el grupo argentino de antropología forense de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recicló su versión sobre Cocula el martes como una forma de presionar al Vaticano para que el papa argentino, Francisco, incluyera en alguno de sus discursos críticas al gobierno mexicano por el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, con una rapidez inusual, el gobierno mexicano devolvió la jugada y detuvo por segunda ocasión al alcalde de Cocula, Erik Ramírez Crespo, como una respuesta a los investigadores argentinos y como una forma de reabrir el caso y evitar que el papa hable de una investigación en curso. El munícipe fue procesado por cargos de delincuencia organizada.

La politización de la investigación de peritos argentinos pagados por México y controlados por el activista Emilio Álvarez Icaza desde la secretaría ejecutiva de la CIDH, fue una respuesta de presión y provocadora de este grupo a la negativa del papa Francisco de otorgarle a los padres de los 43 normalistas secuestrados en septiembre de 2014 una audiencia especial en México para vaticanizar el caso.

La conexión argentina peritos-papa tuvo un enlace especial: el padre de Emilio Álvarez Icaza fue José Álvarez Icaza, un laico progresista que tuvo una relación personal y directa con Juan Pablo II; su hijo Emilio Álvarez Icaza quiso capitalizar políticamente esa relación para llevar agua a su molino del expediente de los 43 que ya es personal y no institucional. Emilio Álvarez Icaza es el que opera los hilos de la agenda de protesta de los 43 y al mismo tiempo tiene el control del tema en la CIDH.

En este sentido, el reporte del grupo forense argentino circulado como nuevo el martes estuvo fuera de los tiempos políticos de su investigación y fue más bien una expresión de la frustración por la decisión del papa Francisco de eludir el tema de los 43, no tanto por el crimen sino por los datos que siguen investigándose de que varios de los normalistas trabajaban para un cártel del crimen organizado.

Por lo demás, el segundo reporte del grupo de peritos forenses no hace sino reproducir el primero, con todo y las fallas técnicas en su elaboración y sin nuevas técnicas forenses probatorias. Eso sí, el segundo reporte llevaría al grupo argentino a finalizar sus actividades en México porque cualquier otro estudio no haría sino repetir el primero. Corresponderá, entonces, a las autoridades mexicanas continuar las líneas de investigación de los peritos.

Y ahí es donde la PGR tiene cuando menos tres pistas a transitar: los políticos perredistas en cargos municipales -Erik Ramírez Crespo en Cocula y José Luis Abarca en Iguala-, la articulación de las policías municipales con los cárteles del crimen organizado, la narcopolítica perredista y el papel que jugó el gobernador perredista guerrerense Ángel Aguirre Rivero en ese escenario de complicidades.

Asimismo, faltan elementos por indagar sobre la vinculación de normalistas y de la propia Normal de Ayotzinapa con el crimen organizado, y, como tercera pista, el mapa de la producción de droga en el espacio guerrerense de Iguala-Cocula que involucra también a la guerrilla y las autodefensas.

Como ya no tienen nada que aportar, los forenses argentinos habrán concluido su presencia en México, a menos que quieran seguir cobrando salarios en dólares pagados por el Estado mexicano para acusar de asesino al Estado mexicano.

Política para dummies: La política es la habilidad para vivir en el infierno como si fuera el cielo.

Sólo para sus ojos:

Las primarias en New Hampshire podrían haber sepultado las posibilidades presidenciales de Hillary Clinton. En algunos medios piden que el vicepresidente Joe Biden se meta en las campañas demócratas.

Consolación y esperanza, serán los discursos del papa Francisco en México, cuando le piden mayor crítica al gobierno mexicano. Por cierto, la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu es sobrina del presidente Carlos Salinas de Gortari que legalizó a la iglesia mexicana.

Ya van diecisiete periodistas asesinados en Veracruz. Y la lista puede crecer en lo que le resta de gestión al gobernador priísta Javier Duarte.

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