Propone Flavio Sosa permitir candidaturas independientes

Oaxaca, Oax. 14 de marzo del 2012 (Quadratín).- El diputado Flavio Sosa Villavicencio presentó este miércoles una iniciativa de modificación a la Constitución y de adición al código electoral del estado, con el fin de permitir el registro de candidaturas a todos los puestos de elección popular sin la mediación de partidos políticos.
Al defender su propuesta en la tribuna de San Raymundo Jalpan, señaló que estas reformas de avanzada colocarán a la legislación de Oaxaca a la vanguardia en materia electoral, y permitirán avanzar hacia el logro de la demanda ciudadana de la democratización de todos los espacios de la vida pública.
La iniciativa, turnada en la sesión de este miércoles a las comisiones permanentes de Estudios Constitucionales, de Administración de Justicia y de Gobernación, propone eliminar el monopolio de los partidos políticos para el registro de candidaturas a los puestos de elección popular.
Flavio Sosa explicó que bajo la modalidad de las candidaturas independientes, se posibilita el ejercicio del derecho de los ciudadanos de presentar su postulación a un cargo de elección popular de manera desvinculada a los partidos políticos, quienes tradicionalmente detentan esa prerrogativa.
El reconocimiento legal de las candidaturas independientes, añadió, implica que cualquier ciudadano, de manera directa, pueda aspirar a ocupar un cargo público electivo sin tener que pasar por los filtros y los procesos de selección internos establecidos por los partidos políticos.
En la exposición de motivos, Flavio Sosa indicó que la posibilidad de candidaturas independientes para los distintos puestos de elección popular es respuesta a una demanda naciente de la sociedad, que en muchas ocasiones ya no se ve representada por los partidos políticos.
Advirtió que el derecho ciudadano de ser votados figura en las constituciones federal y estatal, así como en distintos instrumentos internacionales relacionados con el tema, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la OEA, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la ONU.
Tanto en unas como en otros, agregó, ser votados figura como derecho de las personas, en lo individual, sin la obligación de afiliación o asociación partidista, pues las garantías político-electorales, en tanto derechos fundamentales, se consideran garantías individuales en los Estados con un régimen democrático.
Precisó en la letra y el espíritu de la letra de la Constitución, no existe imposibilidad para que un ciudadano pueda contender en un proceso electoral sin necesidad de encontrarse postulado por un partido político.
Agregó que en la observación general 25, del 12 de julio de 1996, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que la necesidad de pertenecer a un partido político para poder ser votado en una elección constituye un elemento discriminatorio.
En México, solamente el estado de Yucatán incluye la figura de candidaturas independientes en su legislación electoral, que fue impugnada por diversos partidos políticos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de su validez, y en 2006 desechó una acción de inconstitucionalidad.
En el ámbito internacional, agregó Flavio Sosa, distintos países han legislado las candidaturas independientes para los poderes Legislativo y Ejecutivo, aunque sólo Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Portugal cuentan con disposiciones a nivel Constitucional.
En tanto, Honduras, Paraguay, República Dominicana y España no refieren en su Carta Magna disposición alguna respecto de las candidaturas independientes, pero sí contemplan esta figura en la legislación secundaria en la materia.
La crítica hacia los partidos políticos y hacia su monopolio en la postulación de candidatos a los cargos electivos es cada día más uniforme y constante, debida a la pérdida de la consideración social hacia la clase política y el resquebrajamiento de la moralidad pública, expuso Flavio Sosa.
Explicó que esto se debe a los nada bien vistos compromisos de los partidos con el Estado o con particulares, que incluso llevaron a la doctrina francesa contemporánea a cuestionar el término “cosa pública”, pues las posibilidades de acceder a los órganos estatales están solamente en unas cuantas manos.
“El Estado tiene la obligación de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos, dado que por medio de éstos, el pueblo ejerce su soberanía y tiene la posibilidad de gobernarse a sí mismo, principio fundamental del sistema democrático establecido en nuestras constituciones”, expuso.
Finalmente, consideró que la iniciativa es una oportunidad de ampliar el horizonte de la transición de nuestro estado hacia la democracia.