Vinculados con el ERPI dirigen actos vandálicos

MÉXICO, DF, 8 de diciembre de 2014.-El gobierno federal tiene identificados con nombre, apellido y zona de influencia a 14 líderes de “grupos sociales” que operan en Guerrero, algunos involucrados con grupos guerrilleros y los cuales se han dedicado a bloquear carreteras, tomar casetas de peaje, quemar edificios de gobierno y causar actos de vandalismo con el pretexto del caso Iguala.

De acuerdo con una nota de La Razón, las personas presuntamente son dirigentes de organizaciones que, en algunos casos, mantienen relación con el guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), vinculado al cultivo y trasiego de amapola y goma de opio, además de secuestros de empresarios de Morelos.

Son los mismos que probablemente han aprovechado las manifestaciones en apoyo a familiares de los 43 normalistas desaparecidos para vandalizar edificios estatales, centros comerciales o cerrar la Autopista del Sol.

Un informe confidencial titulado: ‘Objetivos de atención especial Guerrero’ —cuya copia tiene La Razón— detalla que de estos 14 líderes, 11 cuentan con averiguaciones previas en su contra, 2 con órdenes de aprehensión, y uno de ellos está en prisión desde donde aún “promueve y encabeza acciones delictivas”.

El reporte detalla que entre ellos se encuentran Obtilia Eugenio Manuel y su pareja sentimental, Cuauhtémoc Ramírez, ambos líderes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM).

“Es hermana del dirigente del ERPI en Ayutla de los Libres, Victoriano Eugenio Manuel y Gabino, de los mismos apellidos. Cuentan con medidas cautelares otorgadas por Segob. Forma parte del Comité Pro Construcción de un Nuevo Guerrero”, indica el reporte.

Añade que “cuenta con ocho averiguaciones previas que se integran por los delitos de daño en propiedad ajena, amenazas y privación ilegal de la libertad”.

Ramírez Rodríguez “es pareja sentimental de Obdilia Eugenio Manuel, mantiene relación con activistas de las brigadas internacionales de paz. Forma parte del Comité Pro Construcción de un Nuevo Guerrero”, se lee en el documento. Este individuo cuenta con una averiguación en su contra por daño en propiedad ajena.

El informe asegura que al ERPI se le vincula con “actividades de siembra, cultivo y trasiego de amapola y goma de opio”.

En la lista aparece también Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el cual mantiene una “relación de conveniencia e interés con el (ahora ex) gobernador Ángel Anguirre”, y tiene influencia en 15 municipios de cuatro regiones.

Sobre él pesa una orden de aprehensión por robo y tiene cinco expedientes por privación ilegal de la libertad, robo, ataques a las vías de la comunicación y a los medios de transporte. De hecho, el informe reporta que utilizaba “para su traslado vehículos de la administración estatal”, además de que cuenta con “medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

En la lista aparece María Antonia Morales Vélez, vocera de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), la cual se “ha caracterizado por promover acciones radicales” a las cuales ha sumado a integrantes disidentes de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, de la normal de Ayotzinapa. Contra ella hay 9 averiguaciones previas por motín, robo, daños y ataques a las vías de comunicación.