Carlos Ramírez | Los militares son estado

• No debatir militarización, sino criminalización institucional

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2020.- Desde que Niccoló Machiavelli sugería que todas las repúblicas o principados debían tener ejércitos propios para evitar caer en las garras de los mercenarios, el debate sobre las fuerzas habría quedado saldado. Y Hobbes fue muy claro al señalar que los pactos sin espada carecían de funcionalidad.

Los militares tienen funciones legales muy precisas, pero a partir de un hecho que no debe soslayarse: las fuerzas armadas son gobierno, sociedad y Estado. A diferencia de países en donde los ministros de Defensa son civiles y los militares son un cuerpo aparte subordinado, en México participan de las estructuras centrales del gabinete presidencial por tanto se someten a todos los controles legales e institucionales.

Las fuerzas armadas han sido desplegadas a labores de seguridad pública, pero en función de las doctrinas de seguridad interior: cuando las instituciones del Estado y la sociedad son rebasadas por las bandas delictivas. Por lo tanto, las fuerzas armadas luchan contra las bandas criminales, no contra la sociedad. Los excesos de fuerza han sido denunciados, investigados y sancionados. Y las fuerzas armadas se someten a la estructura civil de seguridad pública encabezada por el secretario civil de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

En este sentido, el debate sobre militarización es falso, pero su recurrencia busca minar la credibilidad y la fuerza institucional de los militares. Si se revisan las doctrinas legales y prácticas institucionales, las tres áreas de seguridad están interrelacionadas: pública, interior y nacional, las tres tienen que ver con la defensa de la soberanía, del Estado y de la sociedad y las tres combaten a delincuentes y no a ciudadanos. En el pasado priísta, en efecto, las fuerzas de seguridad reprimieron demandas políticas de la sociedad; hoy ya no.

Entre las funciones que reconoce la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea se deben buscar las explicaciones legales a las tareas asignadas a las fuer4zas armadas más allá de la vigilancia de la soberanía nacional en las fronteras. Se trata de cinco misiones que tienen que ver con el Estado, la soberanía y el bienestar de la sociedad:

1.- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

2.- Garantizar la seguridad interior,

3.- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

4.- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

5.- Y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas.

Las fuerzas armadas fueron desplegadas por el gobierno panista de Calderón, mantenidas por el gobierno priísta de Peña Nieto y refrendadas por el gobierno morenista de López Obrador. La clave se encuentra en la misión 2: la seguridad interior, concebida como la estabilidad dentro de la república para el funcionamiento de las instituciones y la vigencia del sistema democrático.

Las actividades de las organizaciones criminales en México pasaron de la sombra de droga al tráfico de productos prohibidos y de ahí al control de zonas territoriales para fomentar el consumo de estupefacientes. Todos los grupos criminales comenzaron sobornando a autoridades locales y luego pasaron a tomar el control de instancias del Estado que tenían que ver con el gobierno loca, la seguridad y la delincuencia.

Al entronizarse en las estructuras del Estado y de los gobiernos locales, los delincuentes rompieron la unidad de la autoridad. Las fuerzas armadas fueron desplegadas para combatir grupos delictivos y para restaurar las oficinas de autoridad y gobierno, pero sin apropiarse de ellas: no hay gobernadores militares, los jefes de zona militar en nada intervienen en actividades de gobiernos civiles y los partidos son las formas oficiales de participación política.

La Ley de Seguridad Nacional completa el marco normativo de las fuerzas armadas al concebir la seguridad nacional con criterios de funcionalidad del Estado: la soberanía de las instituciones, el orden constitucional, las instituciones democráticas, la unidad del Estado sin entrega de partes territoriales a delincuentes y con ello contribuir a la “preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes”.

Pero el avance de los grupos delictivos, su capacidad de organización criminal, su ofensiva para desactivar las instituciones del Estado y el uso de la violencia para imponer sus reglas ha llevado a la ruptura del orden constitucional del Estado y el impedimento de la gobernabilidad democrática porque gobiernan los intereses criminales y no los definidos en votaciones democráticas populares.

Por lo tanto, el despliegue de las fuerzas armadas para combatir a las organizaciones criminales que están atacando al Estado no implica militarización porque los territorios recuperados son entregados a las autoridades constitucionales civiles.

Lo que hay que debatir son las razones del avance delictivo en territorios del Estado, la entrega del poder local a banas criminales y la complicidad de la sociedad con los cárteles que gobiernan a sangre y fuego.

Zona Zero

·         Urgen análisis e investigaciones académicas para entender las razones de la penetración del crimen organizado ahora en Morelos, como antes fue en Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Sólo la complicidad local –gubernamental y social– explica la forma en que grupos delictivos en los hechos gobiernan zonas territoriales de la soberanía del Estado.

·         La crisis en Nuevo Laredo por la grabación de un presunto soldado gritando “mátalo” debe extenderse a una indagación a la forma en que el Cártel del Noreste tiene el control de la zona, pese al gobierno estatal y al municipal. ¿Quiénes han cedido la plaza? ¿Quiénes han permitido el acceso de ese cártel a armas de alto calibre? Hay responsables mayores a los soldados que combaten a fuego cruzado con los delincuentes.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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