En defensa de la integridad

Hacia el 1-J

OAXACA, Oax. 27 de mayo de 2018.- En reciente seminario internacional organizado por el TEPJF y otras instituciones en Durango sobre función judicial, ética, integridad y justicia abierta, expuse algunas reflexiones que enriquezco y comparto ahora.

El concepto de integridad aplicado a la democracia electoral exige el cumplimiento de normas internacionales y nacionales, así como buenas prácticas motivadas en la ética de la responsabilidad, más allá y aun en contra de la ética de la convicción personal.

Integridad no solo se aplica a todo el tiempo del proceso electoral sino a lo que ocurre fuera de este, cuando conductas poco éticas intentan pre-alterar las condiciones de la contienda por venir.

No solo es honestidad sino su certificación a través de los instrumentos –inmaduros y permeables aún entre nosotros– de la rendición de cuentas: ejercicio de atribuciones y deberes con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sin corrupción y con responsabilidad y sanción efectivas.

Integridad exige determinados parámetros e indicadores para fijar, medir, verificar o refutar -en lógica popperiana- la calidad del Estado de Derecho y la eficacia de sus instituciones, inclusión, equidad, participación ciudadana y liderazgo en los procesos electorales. Integridad también requiere Estado abierto, es decir, estructuras y funciones legislativa, administrativa y judicial legítimas al servicio de la sociedad y los ciudadanos, en sentido histórico y en el contexto mexicano comparable –en términos de Nohlen.

Todavía estamos lejos pero más cerca que antier.

Sin poderes legislativos abiertos y funcionales, sin administración dispuesta para lo público, y sin ciudadanía exigente y activa, la justicia complica su actuación.

Si invertimos los términos el resultado es el mismo o peor: más debilidad institucional, incredulidad y desconfianza, degradación y anomia, violencia y crimen, irresponsabilidad e impunidad, las cuales se pretende extinguir.

Integridad es esencia y apariencia. Es fondo y forma. Noción y comunicación. Conocimiento y comprensión. Racionalidad, sensibilidad y percepción. Crítica, evaluación y revaluación. Es todo y es todos, no pocos o algunos, peor aún y reducido al absurdo: ninguno. Eso si, es toda una cultura.

Ahora bien, la integridad y la justicia abierta en el ámbito electoral requieren que sus mejores esfuerzos no sean condicionados por la falta de calidad en los procesos de creación, aplicación e interpretación de las normas jurídicas que prevén, incluso, la estructura y operación de la jurisdicción. Bajo condiciones adversas, la justicia encara graves límites y, al tratar de remontarlos, pueden empeorar el resultado y su impacto.

De allí la pertinencia y relevancia del diseño virtuoso de los procesos legislativos y administrativos.

No menos: la trascendencia del ejercicio de los derechos de participación política para controlar a los poderes. De expresarse y manifestarse. Reunirse y asociarse. Postular y votar. Ejercer y exigir. Prometer y cumplir o atenerse a las consecuencias.

En un entorno globalizado e hiper-tecnológico, mediático y digitalizado hemos llegado al abusivo extremo de crear no solo interpretaciones exclusivas sino de recrear nuestros propios hechos. Así, el mínimo acuerdo es imposible.

Ante ello, la integridad se convierte en fundamento de la mínima verdad objetiva posible para sostener la legitimidad de la democracia y la laicidad pluralistas.

A su vez, estas son indispensables para mantener la garantía constitucional de los derechos fundamentales y estos, a la vez, para tornar legítima a la Constitución nacional e internacional.

Los procesos electorales en curso lucen plagados de riesgos y amenazas a la integridad por lo que reforzarla hoy y mañana es deber y responsabilidad común de todos los actores e instituciones.

En medio de la intensa competencia por el poder y en el contexto de la transición inconclusa a un Estado de Derecho (s) constitucional garantizado, perseveremos en la integridad.

La integridad del pluralismo, la diversidad y laicidad democráticos es el método para vencer los riesgos y amenazas a los fines de la convivencia social y política: libertades con equidad, desarrollo con identidad, y seguridad con justicia y paz.

De no hacerlo así, podría no alcanzar el siglo 21 para arrepentirse.