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OAXACA, Oax., 9 de noviembre de 2026.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para investigar la presunta red de corrupción relacionada con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales. Además, pidió que las indagatorias incluyan a exdirectivos del organismo, entre ellos Lorenzo Córdova.
Durante su conferencia de este lunes, el mandatario estatal señaló que las posibles irregularidades no son recientes ni comenzaron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, sino que tendrían antecedentes de varias décadas y se habrían fortalecido durante la administración de Córdova.
Jara Cruz retomó los señalamientos sobre la asignación de contratos millonarios para adquirir materiales electorales, presuntamente mediante empresas que simulaban competir entre sí y recurrían a prestanombres y factureras para ocultar a sus verdaderos beneficiarios.
Según las cifras expuestas, entre 2015 y 2025, compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habrían recibido contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos en 23 de los 32 organismos electorales estatales, incluido el de Oaxaca.
Ante estos hechos, el gobernador consideró necesario esclarecer quiénes autorizaron y firmaron los contratos, además de investigar a los exfuncionarios que pudieron intervenir en las operaciones.
También cuestionó que Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina y Marco Antonio Baños, quienes ocuparon cargos directivos en el INE, actualmente estén relacionados con el partido Somos. Consideró contradictorio que ahora participen en actividades políticas luego de haber encabezado responsabilidades dentro de la autoridad electoral.
El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias y que no debe existir protección para ningún involucrado. Añadió que, en caso de comprobarse responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la ley.
“Ninguna persona y ninguna institución puede estar exenta de rendir cuentas. El dinero público pertenece al pueblo y las instituciones electorales no pueden ser botín de nadie”, expresó.
Señaló que es necesario preservar la independencia de las autoridades electorales y garantizar comicios imparciales rumbo a 2027, a fin de evitar que las presuntas prácticas irregulares afecten la confianza ciudadana en la democracia.