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Foto: Archivo

El reto en Oaxaca: evitar que aliados se conviertan en verdugos

Adrián Ortiz Romero Cuevas | Al margen
 
| 14 de Noviembre de 2017 | 8:33
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OAXACA, Oax., 14 de noviembre de 2017.- Como institución, el gobierno de Oaxaca cuenta ya con amargas experiencias del pasado reciente, de cómo sus principales aliados han terminado siendo también sus principales verdugos.

Hoy, cuando la administración estatal está a punto de superar su primer año de gestión, se deben considerar las experiencias institucionales previas para establecer —y mantener— un esquema institucional de gobernabilidad y convivencia con los principales factores reales de poder, pero con base estrictamente en la ley.

En efecto, si en Oaxaca hay una tradición de convulsión social casi permanente, en gran medida ésta se determina por las organizaciones sociales y, más recientemente, por las organizaciones de trabajadores y de prestadores de servicios. En ello, quien ha llevado la indiscutible punta de lanza ha sido la Sección 22 del SNTE, que desde hace décadas marcó una forma de presión y protesta social que ha sido imitada por innumerables grupos que intentan también obtener la atención y las prebendas por parte del Estado.

En esa lógica, el gobierno estatal estableció una relación política con el magisterio que, aún en su complejidad, nunca ha representado una alianza electoral abierta, como sí ha ocurrido con otras organizaciones, sectores y gremios. De hecho, con la Sección 22, las alianzas políticas siempre han sido circunstanciales y solo han tenido como objetivo construir algún escenario o alcanzar algún objetivo, que no implica la cogobernabilidad. Cuando el propio gobierno ha malentendido esa circunstancia, es cuando más conflictos ha tenido con el magisterio que irremediablemente termina desmarcándose de las alianzas que pretenden tener como fondo lo electoral o el cogobierno.

De esto último fue un ejemplo el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Éste fue llevado al poder en parte por el trabajo electoral de la Sección 22, y por eso desde el inicio la gestión de Cué asumió que tendría el respaldo magisterial a cambio de que le entregara la parcela política del IEEPO —de la cual, además, el magisterio oaxaqueño ya gozaba plenamente desde 1992—. Lo que quizá el gobierno de Gabino Cué nunca comprendió, es que la decisión magisterial de llevarlo al poder no tenía como fondo un triunfo electoral ni alcanzar una gubernatura, sino derrocar al régimen —el de Ulises Ruiz— al que acusaba de represión y que siempre fue uno de sus principales adversarios.

Por esa razón, cuando Gabino Cué asumió que cogobernaría con la 22, y que ésta sería su aliada, se topó con pared. De hecho, los años del gobierno de Cué —cuando se supone que eran aliados— fueron de los más beligerantes por parte del magisterio. ¿Cuál era la razón? Que, en su lógica, la 22 busca sus propias conquistas e intereses políticos, pero no el convertirse en gobernante o cogobernante, porque eso les implicaría una responsabilidad política que como opositores no solo no tienen, sino que repudian.

Por eso, antes incluso de que Cué asumiera la gubernatura, la 22 se desmarcó de él y anunció todas las movilizaciones y acciones que finalmente trató de ejecutar para arrinconar a la administración de los que según eran sus aliados. Todo el esquema cambió cuando en 2013 se aprobó la reforma educativa federal, y entonces como grupo político la Coordinadora intentó ya no combatir al gobierno estatal, sino confrontarse con la Federación llevando como ariete justamente a la administración de Cué, de la que no era aliada sino a la que en realidad tenía sometida.

Ese fue el contexto en el que ocurrió la relación entre la 22 y el gobierno oaxaqueño en los últimos años, y eso mismo es lo que explica la complicada relación del estira-afloja permanente, que mantiene con el gobierno del estado.

Gremios voraces

La historia ha sido distinta con diversas organizaciones sociales, gremios y centrales de trabajadores, con las que el gobierno sí ha trabado alianza. Si volvemos nuevamente al ejemplo inmediato de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, comprenderemos que, también, nunca pudo establecer condiciones de respeto y corresponsabilidad con ninguna de las organizaciones, gremios, grupos y hasta partidos políticos, con los que había mantenido alianzas. ¿De qué hablamos?

De que, como suele ocurrir, como alianza de carácter electoral, el grupo de Gabino Cué se valió de diversos grupos y organizaciones para hacerle frente a lo que entonces se denominaba como ‘la maquinaria priista’. ¿Qué hicieron? Trabar alianzas con grupos de transportistas, trabajadores, gremios y grupos de lucha social, para tratar de contrarrestar las expresiones de corporativismo priista que aún existían. Por eso, si bien en lo electoral hubo resultados positivos —porque la combinación de todas esas alianzas permitió el triunfo de Gabino Cué en los comicios de 2010—, en el ámbito de la gobernabilidad pronto todo se convirtió en un auténtico desastre.

De hecho, los partidos políticos que habían sido los aliados de Gabino Cué —el PRD, PT, Convergencia, el PAN y demás— fueron los primeros que se aliaron, primero para abandonarlo, y luego para ponerlo contra la pared. Por eso, durante esos seis años caóticos vimos cómo la gobernabilidad se hizo añicos, cómo el gobierno permitió todos los excesos posibles, así como las agresiones más inusitadas en contra de la ciudadanía, sin que hubiera consecuencias —ni las más mínimas— para nadie.

Por eso, si hoy queremos entender la radicalidad y los excesos que cometen organizaciones como el Sindicato Libertad, el Frente Amplio de Lucha Popular, el Frente Popular 14 de Junio y un sinfín de organizaciones que aglutinan a trabajadores, obreros o prestadores de servicios, lo que debemos comprender es que todo se descompuso gracias a los débitos políticos, pero sobre todo a la incapacidad gubernamental para establecer relaciones basadas en el principio básico de la supra a subordinación de todos —autoridades, organizaciones y ciudadanos— con respeto a la Constitución y a la ley.

Esto, en el momento en el que se encuentra Oaxaca, pudiera parecer anecdótico y quizá hasta ingenuo. Sin embargo, el gobernador Alejandro Murat ha dado las primeras muestras palmarias respecto a la construcción de una nueva relación en la que los débitos políticos no signifiquen necesariamente el sometimiento de la ley a la voluntad o los intereses de los aliados o de las organizaciones sociales.

Estado de Derecho

La aprehensión de uno de los principales líderes de la CTM —uno de los sectores adherentes al PRI, y una organización que ni en los tiempos de Cué intentó actuar con tanta virulencia como ahora— es apenas una muestra que ahora deberá concretarse no con persecuciones ni con arrinconamientos, sino con el establecimiento y la constatación del principio de que nadie podrá estar por encima de la ley. Es algo por demás complejo. Pero si se quiere un futuro distinto y mejor para Oaxaca, ese debe ser el inicio de una nueva relación, y no una llamarada o un arrebato que no se consolide con una política de gobernabilidad de mediano y largo plazo.

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