Vinculan a proceso a exregidor de Hacienda de San Miguel Amatlán
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2018.- A partir de 2008, el Artículo 19 de la Constitución mexicana prevé la «prisión preventiva» oficiosa para un catálogo de delitos considerados «de alto impacto social», como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, así como los cometidos con medios violentos ―por ejemplo, con armas y explosivos― y los considerados «graves» en contra de la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Diversas organizaciones de la sociedad civil hemos condenado dicha figura penal, por vulnerar de forma absoluta los derechos a la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y a un recurso efectivo, dado que se impone sin justificación ni debate procesal: Debe utilizarse solo cuando el ministerio público aporte información suficiente para justificarla; cuando se impone en automático ―oficiosamente― viola los principios del sistema acusatorio y los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, ha reafirmado en diversas ocasiones la incompatibilidad de tal figura con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que no solo condena su uso arbitrario e ilegal, sino reconoce que este es un problema crónico en México, recomendando su derogación constitucional.
En abril de 2018, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ―1/2018 (México) A/HRC/WGAD/2018/1―, por su parte, determinó que esta medida cautelar impuesta de manera oficiosa, por ser automática y no prever alternativas, viola el Artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aparte del 9.3 (excepcionalidad) y el 14.2 (presunción de inocencia) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debido a esto, llamó a México a derogarla, ciñéndose a los estándares de necesidad y proporcionalidad.
Obviando esas recomendaciones y llamamientos de los organismos internacionales, ayer el senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario del partido Morena, presentó un proyecto de reforma al Artículo 19 constitucional, para ampliar el catálogo de delitos mencionado, añadiendo los de corrupción, electorales, de robo de hidrocarburos, y los relativos a armas de fuego y explosivos.
Recordamos al senador Monreal, a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, al gobierno actual y al próximo gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que con la «prisión preventiva» oficiosa México incumple con las recomendaciones internacionales citadas y la respectiva jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al mantener un régimen constitucional que la establece como una medida que, en los hechos, la convierten en una pena anticipada; incumple con el principio de excepcionalidad que debe caracterizarla como medida privativa de la libertad; desvirtúa su naturaleza procesal; impide el análisis jurisdiccional de su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; y, desde luego, impone una medida de derecho penal de autor y no del acto, contraria al Estado democrático de derecho.
Además, les recordamos que esta medida ha agravado el hacinamiento en los centros públicos de privación de libertad; su uso irracional es mayor entre grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente de mujeres y personas indígenas, e intensifica práctica de la tortura.
La iniciativa de reforma constitucional del senador Monreal promueve, en resumen, el resurgimiento del discurso de mano dura y eficientisimo penal que pugna por la reducción de los derechos como la única vía para lograr seguridad. También potencia la arbitrariedad en uso del poder punitivo del Estado y refuerza la lógica de excepción que subyace en la Constitución, al generar un sistema de tratamiento diferenciado que es restrictivo de los derechos básicos en una sociedad democrática.
Nada más alejado de cualquier pretensión de transformar el sistema de justicia, la seguridad y, en general, la convivencia social.
Por lo anterior, exigimos al Congreso de la Unión:
- No aprobar las iniciativas legislativas que busquen ampliar el catálogo constitucional y legal de delitos bajo los cuales procede la imposición oficiosa de la «prisión preventiva».
- Derogar las disposiciones legales y constitucionales que reglamentan la figura de «prisión preventiva» oficiosa y ajustar su imposición a los estándares de protección de los derechos humanos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal.
- Generar mesas de discusión para analizar los aspectos objetivos del funcionamiento del sistema de justicia penal.
- Crear una instancia neutral para la consolidación y evaluación del sistema de justicia penal.
- Tener presente que este tipo de iniciativas, lejos de cumplir con los objetivos asentados por el senador Monreal, tiene gran potencial de favorecer una Fiscalía General de la República heredera de las graves deficiencias de la actual Procuraduría General.
Responsable de la publicación y contacto: Javier Carrasco Solís, vía [email protected]
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