Noticias / Confirman redes de pederastas en Oaxaca

Oaxaca, Oax. 9 de noviembre de 2010 (Quadratín).- Los abusos sexuales cometidos contra niños de los institutos educativos San Felipe en la capital del estado y “Miguel de Cervantes” en la Villa de Etla, en 2006 y 2007, respectivamente, son la punta del iceberg de una red de pederastia Oaxaca, alertó la representante en México de Ecpat, Norma Negrete Aguayo.
En entrevista, la coordinadora de la Organización No Gubernamental (ONG), “Fin de la prostitución pornografía y trata de niños niñas y adolescentes con fines sexuales” (Ecpat, por su siglas en inglés), denunció que las autoridades han “encubierto” a los responsables.
Y es que sostuvo, durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, mismo que está por concluir, se registraron ambos sucesos que dañan no sólo la vida de los infantes, sino de toda la sociedad, sin que hasta el momento se haya castigado a quienes cometieron estos crímenes.
Ante ello, consideró que la próxima administración deberá enfrentar estas redes que perjudican a la niñez del estado.
“Oaxaca se encuentra en una encrucijada en la que se podrán proteger a los niños, a través de la atención de estos casos y la desarticulación de estas redes que podrían ser internacionales”, sostuvo.

Peligrosos usos y costumbres
Negrete Aguayo afirmó que los “Usos y costumbres” vulneran los derechos de los niños y niñas de la entidad, en rubros como matrimonios forzados y a corta edad.
Y alertó que en los últimos años se ha registrado un fenómeno en estados del país con alta población indígena, debido a que las uniones ya no se presentan entre personas de la misma comunidad.
Indicó que hombres “no indígenas” pactan acuerdos económicos con los padres de adolescentes e incluso niñas de grupos étnicos, para posteriormente sacarlas de sus localidades.
En estos casos, abundó, las mujeres son extraídas y comercializadas sexualmente en otros sitios del país, o en el extranjero.
Por ello, exhortó a las autoridades aplicar la ley, y no permitir que ninguna forma de organización ancestral se encuentre por encima de los derechos humanos y la propia Constitución.
Oaxaca, concluyó, se encuentra con una mayor vulnerabilidad por sus condiciones económicas precarias, falta de atención gubernamental en el tema de explotación sexual infantil, así como por ser un destino turístico.

La frase
“El internet se ha convertido en el principal gancho de las redes de pederastas, como una forma de atraer a niños, niñas y adolescentes, a esta cadena de explotación”.

Norma Negrete Aguayo, representante en México de ECPAT

El caso “Instituto San Felipe”
La señora Leticia Valdés Martell denunció que el siete de noviembre de 2006 su menor hijo, de cuatro años de edad, fue víctima de violación en el Instituto “San Felipe”, siendo atendido por médicos especialistas en diversas materias.
El 23 de mayo de 2007 se inició la denuncia formal ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales, donde la entonces titular trató de archivar el asunto e inclusive ofrecer un “arreglo económico”.
“Con mucho esfuerzo y el apoyo de amplios sectores de la sociedad, logré que se consigne la averiguación previa, dando origen a la causa penal 133/2007, la que se radicó en el Juzgado Tercero de lo Penal, mismo que dictó una sentencia condenatoria de diez años de prisión en contra de Magdalena Rufina García Soto”, señaló la señora.
Además, el Juez Tercero de lo Penal dictó dos órdenes de aprehensión más, en contra de los autores materiales de la violación, identificados como Gabriel Hugo Constantino García (copropietario y representante legal del Instituto “San Felipe”) y Salvador Adán Pérez Ramírez. Los dos primeros se encuentran prófugos.
La mujer señaló en un desplegado publicado en periódicos:
“Ha sido indignante y de enorme preocupación el tráfico de influencias que se ha tratado de ejercer a favor de los responsables de la violación de mi pequeño. Lo anterior debido, principalmente a que el abogado defensor del Instituto “San Felipe”, fue formalmente el licenciado Jorge Franco Jiménez, padre Jorge Franco Vargas, quien fue Secretario General de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en los años 2005-2006, posteriormente presidente del PRI estatal y actualmente flamante diputado federal y ellos son quienes han intervenido para evitar que sean detenidos los prófugos de la justicia y quienes pretenden que sea liberada la hoy sentenciada en primera instancia Magdalena Rufina García Soto”.