
Lula: resiliencia de la izquierda y revolución electoral de Janones
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2026.- Los recortes presupuestales, los retrasos administrativos y la concentración de atribuciones dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) podrían afectar su capacidad operativa durante la organización de las elecciones de 2027, advirtió Carlos Antonio Maldonado Alvarado, académico de la Universidad Iberoamericana (Ibero).
El especialista del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas señaló que las restricciones financieras y las dificultades administrativas representan un desafío para el organismo, responsable de garantizar que millones de mexicanos puedan ejercer su voto el próximo 6 de junio.
Maldonado Alvarado explicó que organizar una elección implica mucho más que contar los sufragios. El INE debe instalar casillas, contratar servicios, adquirir materiales, preparar documentación electoral y capacitar a la ciudadanía que participará como funcionaria de casilla.
Estas actividades requieren recursos y una estructura operativa que funcione con anticipación, por lo que los retrasos administrativos y las dificultades en las contrataciones podrían complicar los preparativos.
“Yo creo que por la distancia se puede subsanar y todo parecería estar en tiempo”, expresó el académico, aunque advirtió que las dudas sobre la capacidad operativa del organismo pueden deteriorar la confianza ciudadana.
Consideró preocupante que los cuestionamientos sobre las elecciones ya no se limiten a la confiabilidad del conteo de votos, sino que alcancen la capacidad del Instituto para garantizar que cada persona encuentre una casilla, una boleta y los materiales necesarios para votar.
Para 2026, el INE cuenta con un presupuesto operativo de 14 mil 99 millones de pesos, después del ajuste aprobado por la Cámara de Diputados, sin considerar los recursos destinados al financiamiento público de los partidos políticos.
El académico reconoció que el Instituto es una organización costosa y compleja, pero consideró indispensable su funcionamiento para garantizar elecciones confiables.
También expresó preocupación por el deterioro de la confianza ciudadana, una percepción que, aseguró, ha identificado entre sus propios estudiantes.
Concentración de poder y autonomía
Maldonado Alvarado advirtió sobre los riesgos de concentrar atribuciones en la presidencia del Consejo General del INE, al considerar que el carácter colegiado constituye uno de los principales contrapesos internos del organismo.
Explicó que quien preside el Instituto debe actuar como primus inter pares, es decir, primero entre iguales, sin que las demás consejerías queden subordinadas a sus decisiones.
En ese contexto, consideró necesario recuperar la deliberación colegiada y evitar los llamados “maxipoderes”, que pueden alterar el equilibrio institucional.
También abordó los mecanismos para designar a la presidencia del INE y señaló que, aunque el procedimiento está previsto constitucionalmente, persisten preocupaciones sobre la influencia de las fuerzas políticas en la selección de perfiles.
Pide investigar irregularidades administrativas
Respecto de las presuntas irregularidades en contratos y adjudicaciones del Instituto, el especialista sostuvo que deben investigarse los posibles conflictos de interés y sancionarse las conductas que constituyan faltas administrativas o delitos.
Sin embargo, consideró necesario impedir que estas investigaciones se conviertan en instrumentos de confrontación política o que los procedimientos administrativos paralicen las actividades institucionales.
Maldonado Alvarado planteó que la rendición de cuentas debe acompañarse de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El académico sostuvo que la austeridad no debe comprometer las funciones esenciales del INE, particularmente durante la preparación de los comicios de 2027, cuando estarán en disputa las 500 diputaciones federales y diversos cargos locales en el país.