CIUDAD DE MÉXICO, 9 de agosto de 2020.- Desde su extradición de España por actos de corrupción en los casos Odebrecht y la compra irregular de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, goza de un trato privilegiado bajo el supuesto de que es el hombre que necesita la 4T para consolidar y afianzar su dominio político y su discurso de lo que llama transformación del país.

Ese es el valor que el régimen de Andrés Manuel López Obrador desea encontrar en el ex funcionario que no sólo delinquió, según él y su defensa bajo presiones, sino que arrastró a toda su familia en actividades criminales que dentro y fuera de México causan justificado repudio. El caso de Lozoya tiene por supuesto implicaciones político-electorales, pero también la arista legal y judicial.

Más allá de las consideraciones políticas, estará en primer plano la actuación de jueces y magistrados que serán en quienes, así confía todo México, recaiga la responsabilidad de encontrar la verdad en este grave episodio de corrupción. A los tribunales les tocará definir con pruebas fehacientes y contundentes la tarea responsabilidad de quienes resulten culpables en los casos que involucran al ex director de Pemex.

Pero de lo que se conoce oficialmente en ambos casos hay demasiados “hoyos negros” y a ello hay que sumar filtraciones de la defensa del ex director de Pemex y que podríamos considerar distractores, a fin de justificar el trato privilegiado que le da a su cliente la Fiscalía General de la República (FGR).

Parte de esa falta de claridad e información oficial en estos casos ha derivado en que se involucre, hasta ahora sin pruebas, lo mismo a ex funcionarios, políticos y empresarios. En el extremo, está el señalar a personas ya fallecidas, como el caso de Fabiola Tapia Vargas, quien hasta antes de su muerte fuera administradora de la empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia).

Bajo esta estratagema, de acuerdo con la información disponible hasta este momento, se pretendió desviar la atención de las investigaciones y librar en un primer momento a Lozoya de parte de las acusaciones en su contra, pues hacer pasar a la empresaria como parte de una confabulación para la entrega de sobornos de Odebrecht, llevaría el caso a un punto muerto por la imposibilidad de la declaración de la mujer.

Esta intención de la defensa del ex titular de Pemex se topó con discrepancias. La empresa sostiene que Tapia Vargas sufrió una larga y grave convalecencia antes de morir, mientras que las fechas de las entregas de los presuntos sobornos a Lozoya, según lo dicho por un testigo alemán que se presentó a declarar para respaldar la versión que daría “carpetazo” a la indagatoria.

Este ejemplo urge sobre la necesidad de que la actuación de los miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo mismo que las autoridades de la FGR, no permitan juicios sumarios ni señalamientos hechos de forma irresponsable en este y cualquier otro caso, ya que ello no sólo daña la imagen de las personas, sino que pueden arruinar familias, el patrimonio y afectar la actividad profesional y laboral de individuos y empresas.

Solo con pruebas y con apego a la ley avanzarán los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, pues si se cae en el absurdo de realizar “juicios del pueblo” ello representaría un grave riesgo social que nos llevaría a lo que sucedía en el circo romano cuando El César pedía al público votar para decidir si alguien vivía o moría. Eso sería muy grave para México y, ahora sí será evidente, el llamado a mandar al “diablo” las instituciones

Por ello, las pruebas que en el proceso se irán desahogando serán centrales para demostrar si el proyecto político del partido en el poder realmente desea combatir la corrupción en los más altos niveles, o sólo crear en el imaginario colectivo que la batalla contra la corrupción esta puesta en marcha. Pero mal comenzamos si de pronto un acusado confeso, se vuelve héroe legítimamente en estos tiempos. Esperemos no continuar en el mundo de al revés.