La libertad de expresión es de todos; nadie debe acapararla

[email protected]

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de junio de 2020.- Los verdaderos comunicadores no celebramos en un día la libertad de expresión, porque es una garantía, un derecho que se ejerce todos los días. Para algunos que se quedaron en el pasado, quizá el 7 de junio es el día de la libertad de expresión. Fue una fecha creada por el gobierno de Miguel Alemán el 7 de junio de 1951, que ha sido utilizada primordialmente por los empresarios de la comunicación. Pero esa garantía constitucional es de todos y ya campeaba radiante en la época liberal con Benito Juárez. Fue recogida en la norma mexicana antes incluso que en la actual Constitución y en esta se asienta en el artículo 6 y 7 con el libertad de prensa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la internacionaliza. Es un derecho natural vinculado a la expresión de las ideas. La paradoja de ese principio es la forma como se avorazan algunos para exigir el respeto a su libertad de expresión como un baluarte que elimina al de enfrente, en su ejercicio. El que algunos medios empresariales lo retomen como una especie de ariete propio, para parapetarse en sus formas de usar el periodismo, les ha permitido en muchos casos agredir, falsificar noticias y criminalizar, sin presentar pruebas. Se han puesto con sus informaciones, al servicio del golpismo. Lo hacen otros desde el poder y lo acabamos de comprobar con Enrique Alfaro gobernador Jalisco que lanzó un video con acusaciones que no tienen ningún fundamento.

Abusan de ellas, pero toda libertad implica riesgos y tiene limitaciones

Usar mal una libertad, puede desestabilizar un país y poner en peligro vidas. Se ha intentado en México con noticias falsas sobre el Covid-19 en las que al respecto la autoridad ha recibido el apoyo preciso de los organismos internacionales como la OMS. El PAN por ejemplo, tiene en marcha una campaña desestabilizadora contra Hugo López -Gatell y trata de oscurecer la información diaria del científico. Es un asunto en el que debería de intervenir el INE, porque los partidos son organismos de interés público que deben actuar a favor de la paz y el orden. El abuso y relajamiento de las libertades, hace posible que un llamado intelectual como Héctor Aguilar Camín que califica públicamente a un mandatario de manea soez, puedan pasar de largo porque se ejerce tolerancia y las personas que agreden se evidencian ellas mismas y pierden respeto. Pero cuando se pone en riesgo la vida institucional a partir de la mentira y la calumnia, si se deben exigir pruebas, retractaciones y disculpas, aparte de iniciar una investigación. El uso faccioso de la libertad de expresión, junto con el de libertad de prensa que la incluye, pueden desestabilizar a un país. AMLO exigíó a Alfaro una retractación y el mandatario reculó en sus difamaciones, aunque sigue culpando a gente del gobierno. El abuso de la garantía en los medios es responsabilidad directa de las empresas periodísticas, que en la defensa de sus intereses han dado manga ancha a sus reporteros y colaboradores; involucrados ellos mismos en la misma omisión delictiva.

Los terceros y la vida privada, frente a la libertad de expresión

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”. Adoptado a las legislaciones de los países miembros de la ONU que incorporó esa declaración en diciembre de 1948, se limitó su ejercicio para respetar los derechos de terceros sobre todo la vida privada. La propia ONU destaca el respeto de la vida privada y la autodeterminación de los pueblos, frente a las libertades ilimitadas que los agreden. En antigua legislación aún vigente en México se incluyen como limitantes alterar la paz y el orden público. La ley da al tercero ofendido por difamaciones y ofensas de los que ejercen la libertad expresión, la defensa en las leyes civiles y en casos extremos, las penales. La forma como utilizaba esa garantía el sistema que predominó en México durante 8 décadas, le confirió reconocimientos a los gobiernos que los mismos periodistas les hacían el 7 de junio. A Diaz Ordaz lo premiaron con una charola dos conocidas periodistas el 7 de junio de 1968, cuatro meses antes de la matanza del 2 de octubre de ese mismo año. Es pues una libertad que arrastra muchas historias en México y que debe defenderse como derecho propio, pero también de los demás.