Gobierno no debe verificar lo que se dice de sí mismo: Pedro Vaca

OAXACA, Oax. 15 de agosto de 2026.- Un gobierno no debe convertirse en verificador de los contenidos que se publican sobre su propia actuación porque es parte interesada del debate público, consideró Pedro Vaca.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el combate a la desinformación requiere mecanismos independientes del poder.

“El chequeo gubernamental no es bueno”, expresó durante el conversatorio El futuro de la libertad de expresión, realizado en el ITAM.

Vaca aclaró que su posición no depende del partido o gobierno que se encuentre en funciones, sino del conflicto que implica que una autoridad evalúe información relacionada consigo misma.

Señaló que los Estados podrían respaldar mecanismos independientes de verificación desarrollados por universidades, escuelas de periodismo u otras instituciones.

Sin embargo, consideró que corresponde mantener una separación clara entre esos ejercicios y los intereses gubernamentales.

Vaca también advirtió sobre dos extremos: la sobrerregulación de la libertad de expresión y la confianza absoluta en la autorregulación de plataformas y medios.

Recordó que durante años se confió en que las grandes plataformas digitales establecerían sus propias reglas, pero esa expectativa no resolvió los problemas existentes.

El relator defendió además la capacidad de las personas para discernir y contrastar la información que reciben.

Advirtió que algunas propuestas regulatorias parten de una concepción que subestima la inteligencia de las audiencias y supone que una autoridad debe protegerlas de determinada información.

Para Vaca, también debe distinguirse entre mejorar la calidad del debate público y utilizar el poder estatal para ordenar cómo deben comportarse periodistas, medios o ciudadanos.

“El Estado no puede chequear”, insistió al referirse a los contenidos relacionados con el propio gobierno.

También señaló que la libertad de expresión impone obligaciones positivas a las autoridades, particularmente cuando periodistas enfrentan condiciones de inseguridad.

En esos casos, explicó, no basta con que el Estado se abstenga de censurar: debe proteger, investigar agresiones, sancionar a los responsables y combatir las causas del riesgo.

Vaca llamó además a exigir mayor responsabilidad a las “voces de referencia”, entre ellas dirigentes políticos cuya capacidad de amplificación puede convertir expresiones estigmatizantes en amenazas para periodistas.

El conversatorio se realizó el 13 de agosto y reunió también a Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU, y Mariana Calderón Aramburu, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.